REGIÓN CARBONÍFERA, COAHUILA.- Este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador acudirá a la Región Carbonífera de Coahuila para dar más detalles sobre los primeros hallazgos del rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos; no obstante, en la Región Carbonífera sigue padeciendo la falta de atención a las verificaciones de seguridad, ya que de 2006 a la fecha, otros 49 mineros han perdido la vida.
El pasado miércoles, las autoridades de la Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Federal de Electricidad, confirmaron el hallazgo de osamentas y otros indicios no biológicos en una zona donde, de acuerdo con las bitácoras de aquel 19 de febrero del 2006, al menos 13 trabajadores se encontraban laborando al interior de la mina 8 Pasta de Conchos.
En diferentes ruedas de prensa, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la República, celebraron los hallazgos del Plan Integral de Rescate que ha costado más de 2 mil millones de pesos; mencionaron que el memorial será inaugurado cuando concluyan la búsqueda, ya que su continuidad está asegurada en el siguiente sexenio.
Aunque la voluntad presidencial se ha mostrado en las últimas horas, la noticia se hizo formal luego de que las familias ya tenían información sobre la recuperación de los indicios, lo cual trascendió por personal que laboraba en el lugar.
La Organización de Familias de Pasta de Conchos (OFPC) ha insistido que la apertura de la mina 8, no solo se adhiere a la demanda de los cuerpos, sino también a la demanda de conocer la verdad sobre los hechos y que la justicia sea aplicada como se establece en la recomendación 26/2006 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, dicha recomendación también estableció una serie de parámetros entre los que se encuentra, que la autoridad debía comprometerse a garantías de no repetición de actos similares.
Contrario al compromiso con la recomendación aceptada desde gobiernos federales anteriores, hasta hoy, las autoridades que se encargan de las verificaciones a medidas de seguridad como es la STyPS, no han logrado aplicarlas adecuadamente de tal forma que estos siniestros no vuelvan a ocurrir.
Desde el siniestro en Pasta de Conchos, al menos 49 mineros más han muerto en por lo menos 16 sucesos diferentes, entre ellos el de Rancherías con siete muertos, El Pinabete con 10, y otros dos más en Sabinas y Múzquiz, donde murieron dos personas y un minero más respectivamente todos por fallas en las medidas de seguridad de las empresas.
“Desde el 2006 para acá no he visto cambio en esta cuestión. Las muertes siguen sucediendo y la verdad es algo muy lamentable porque se suponía que se debían tomar medidas de no repetición y le corresponde a la STPS. Han mencionado que se han reforzado las inspecciones pero ya debería quedar claro que no es una medida de no repetición”, indicó Elvira Martínez, viuda de Bladimir, uno de los mineros de Pasta de Conchos.
Desde el caso de El Pinabete y Rancherías, VANGUARDIA reveló que La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Coahuila únicamente cuenta con 12 inspectores para toda la entidad y para todas las industrias y de ellos no solo se verifica la actividad minera.
En ese sentido, la OFPC ha insistido que no solo es que sean pocos, sino que además, los verificadores trabajan en condiciones preocupantes que permiten observar falta de presupuesto para atender la situación.
“Ellos inspeccionan, suspenden y se van, pero no resguardan el lugar para que no sea trabajado, y los poceros, son los que siguen trabajando. Los amonestan y vuelven a entrar. Realmente se necesita tomar otro tipo de medidas. Que quizá tengan efectos penales al no cumplir con medidas de no repetición. Debería haber cambios y sobre todo que haya responsabilidades por la muerte de ellos y generar leyes de peso para los empresarios que no invierten en la seguridad”, indicó Elvira Martínez.
Tan solo en el caso de Rancherías donde murieron siete mineros, VANGUARDIA reveló con acceso a documentos vía transparencia, que un solo verificador, había realizado el análisis de cumplimiento de 325 documentos que requerían expertise en diferentes materias.
Entre los documentos, la misma Secretaría reveló cuáles son algunas de las acreditaciones que deben realizarse durante la inspección, y entre ellas, existen cumplimientos que van desde cuestiones especializadas en minería e ingeniería minera, hasta otras que tratan sobre cumplimientos en seguridad social y fiscal.
En un estudio realizado por la CNDH relacionado con la extracción minera donde habla sobre el cumplimiento de los 83 puntos recomendados de la Recomendación, se reveló que hasta el 2021, las autoridades solo han cumplido en su totalidad 20 puntos, mientras que en 63 no han presentado pruebas de cumplimiento o solo han presentado pruebas de cumplimiento parcial sobre lo solicitado.
Sobre si el caso se debió a un derrumbe y no a una explosión, la OFPC aclaró en un comunicado que no es que se aseverara que donde se registró el hallazgo de estos cuerpos no hubo explosión, sino que la explosión ocurrió tierra adentro, donde todavía esperan el rescate de indicios de 50 personas más.
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En El Pinabete, en Múzquiz, también se llevan a cabo trabajos para rescatar los restos de los mineros que perdieron la vida. Foto: Archivo
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En Rancherías, municipio de Múzquiz, también se reportó una de las grandes tragedias en el sector minero de la entidad. Foto: Archivo
