SALTILLO, COAH.- El Poder Judicial de Coahuila trabaja con el mínimo de personal administrativo, luego de que la Federación se niega a enviar recursos para poder solucionar dicho problema, lo que deriva en procesos tardíos por la sobre carga de trabajo.
Lo anterior lo dio a conocer Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y detalló que solamente tienen 89 jueces de los 130 que se requieren, así como a 10 trabajadoras sociales y 42 psicólogas que atienden principalmente los casos de violencia familiar en todo Coahuila.
“Tenemos 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes y para atender a esa cantidad de personas se requieren al menos 4, con ello pudiéramos liberar a un juzgado que recibe 2 mil 300 expedientes en un año para que tenga solamente mil casos y que también de esta manera, la justicia sea expedita”, refirió el funcionario.
Mery Ayup aseguró que se manera constante se solicita al Gobierno Federal que envíe los recursos para poder tener prontitud en la solución de conflictos que se llevan a los juzgados, pero la petición ha sido ignorada: “No es cuestión de tener más oficinas, sino de personal capacitado que atienda a la sociedad que acude con nosotros y sí hay profesionistas en lista de espera que desean laborar en el Poder Judicial; sin embargo, no se pueden contratar por falta de presupuesto”.
De igual manera, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia expresó que la importancia de contar con más personal en las áreas de trabajo social y psicología tiene que ver en las sentencias que dictarán los jueces: “Ellos recaban la información en los hogares donde se vive violencia, donde hay niños maltratados, e incluso para poder prevenir los feminicidios cuando las mujeres sufren agresiones por parte de sus parejas y que ya se han decidido a interponer las denuncias, la falta de personal retrasa actuar de manera rápida”.
Finalmente, Felipe Mery Ayuo comentó que la solución está en los legisladores para que sean consientes de la importancia de destinar recursos a la impartición de justicia, y que finalmente el Gobierno Federal decida apoyar a las personas que buscan ayuda en los juzgados.
