SALTILLO, COAH.- Víctor Ortiz, Director de la Policía Cibernética de Coahuila, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía respecto a dos problemáticas crecientes: los secuestros virtuales y las extorsiones electrónicas.
Estos delitos, aunque no implican contacto físico directo, tienen un impacto psicológico y económico significativo en las víctimas, que van desde menores de edad hasta adultos mayores.
Los secuestros virtuales en Coahuila son una táctica común utilizada por supuestos grupos criminales. Según Ortiz, los delincuentes se aprovechan de personas vulnerables, principalmente jóvenes y adultos mayores, para manipularlas psicológicamente.
Bajo amenazas falsas, hacen que la víctima se desplace a un lugar específico, mientras se comunican con sus familiares afirmando que los tienen en su poder.
En muchos casos, los extorsionadores exigen sumas de hasta 60 mil pesos, aunque en realidad, en Coahuila no ha habido secuestros reales de civiles en los últimos cinco años.
Ortiz recalca que, ante este tipo de llamadas, lo mejor es no contestar o colgar si provienen de números de otros estados. "Es fundamental que la gente esté atenta y evite caer en este tipo de trampas", señaló.
Otro fenómeno preocupante son las estafas electrónicas que se producen en plataformas como Facebook Market Place.
Los delincuentes publican productos, como teléfonos o electrónicos, a precios sumamente bajos: por ejemplo, un teléfono que normalmente cuesta 20 mil pesos es ofrecido por 5 mil, lo que debería generar sospechas inmediatas.
"Cuando el supuesto vendedor pide un adelanto para separar, aunque sea de mil pesos, eso ya es una señal de alerta, pues se quedan con ese anticipo y bloquean al comprador o dan de baja la cuenta", advirtió Ortiz.
Sin embargo, el esquema no solo afecta a los compradores, sino también a los vendedores. En algunos casos, los estafadores se hacen pasar por compradores interesados, depositan una cantidad de dinero y envían una captura de pantalla del pago.
Luego, envían a una persona a recoger el producto, generalmente un conductor contratado por alguna aplicación de transporte, ajeno al fraude. Después, cancelan la transacción y amenazan al vendedor, asegurando ser parte de la delincuencia organizada, lo que provoca que las víctimas se atemoricen y no presenten denuncias.
La Policía Cibernética ha identificado que muchas de estas operaciones provienen generalmente de estados como Tamaulipas y Jalisco. En particular, algunos estafadores operan desde el Penal de Altamira en Tamaulipas.
"Es complicado rastrear estas cuentas, ya que el dinero que se deposita se mueve rápidamente a otras cuentas, dificultando su seguimiento", explicó Ortiz. La falta de denuncias también contribuye a la persistencia del problema, ya que sin estas, no es posible llevar a cabo investigaciones más exhaustivas ni generar estadísticas precisas.
El Director de la Policía Cibernética señaló que la mayoría de las víctimas prefieren no denunciar, especialmente cuando las cantidades involucradas son pequeñas, como mil o mil 500 pesos.
Esta "cifra negra" de delitos impide que las autoridades tengan una visión clara de la magnitud del problema: "Es necesario que la gente denuncie, porque solo así podremos presionar para que se legisle de forma más efectiva y podamos detener a estos criminales", enfatizó.
Además, Ortiz destacó que las redes sociales juegan un papel crucial en la obtención de información para estos delincuentes. "Es común que se hagan pasar por instituciones bancarias o programas sociales, pidiendo datos personales bajo el pretexto de estudios socioeconómicos o préstamos. Las personas, confiadas, entregan su información y terminan siendo extorsionadas", explicó.
Entre las recomendaciones de la Policía Cibernética, se sugiere realizar transacciones de compra-venta en lugares seguros, como bancos, para evitar fraudes con cheques sin fondos o billetes falsos.
En el caso de fraudes relacionados con WhatsApp, se ha implementado un convenio que permite la recuperación de cuentas hackeadas en un plazo máximo de siete días; sin embargo, en redes sociales como Facebook e Instagram, la situación es más compleja, ya que las cuentas comprometidas no pueden recuperarse.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir estos delitos, el problema sigue siendo significativo debido a la falta de denuncias y la complejidad del proceso para rastrear los fondos; la mayoría de las víctimas piensan que los extorsionadores son parte de grupos delictivos organizados, lo que aumenta su temor y su renuencia a presentar denuncias.
Por otra parte, en los últimos días, la Policía Cibernética atendió tres casos de secuestro virtual que involucraban a adolescentes, quienes fueron manipulados para desplazarse a lugares específicos mientras sus familias eran extorsionadas. Aunque en estos casos no se llegó a realizar ningún pago gracias a la intervención oportuna de las autoridades, la experiencia fue traumática para las víctimas y sus familias.
Víctor Ortiz concluyó subrayando la importancia de la denuncia: "Sabemos que estas personas no están físicamente en Coahuila, pero siguen afectando a nuestra población. Mientras la gente no denuncie, estos delitos seguirán ocurriendo".
