Saltillo, Coah.- El pasado 11 de julio, una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal de Saltillo atrajo de nueva cuenta los reflectores de los medios a nivel nacional: un hombre denunció la filtración de contenido íntimo por parte de su exesposa, quien usaba el material para amenazarlo y condicionarlo durante su proceso de divorcio para desacreditarlo sobre el tema de la patria potestad.
Diego N inició el proceso acompañado de su abogada Brenda Zavala De la Peña y la juez Griselda Elizalde Castellanos determinó que las pruebas fueron suficientes para vincular a proceso a Yessica N, la expareja del hombre que dijo ser violentado virtualmente.
La respuesta no se hizo esperar, un despliegue mediático tomó la primera historia del hombre defendido por la llamada “Ley Olimpia” y el caso, cuya siguiente audiencia está proyectadas para el próximo 13 de septiembre, se convirtió en un ejemplo de administración de Justicia y aplicación, sin distinción de género de la ley a quien la infringe, y además se comprueba con evidencia su falta.
Sin embargo, un día después también llegaron las “otras reacciones”, esas que cuentan con “otros datos” sobre la relación del ciberacoso, la violencia digital y la difusión de contenido íntimo, por la que Olimpia Coral Melo Cruz denunció y logró impulsar las acciones y reformas legales para perseguir este tipo de delitos, para que se brindara protección a todas las mujeres víctimas de la difusión de los llamados “packs”, videos o fotografías sugerentes o explícitas.
La misma activista, por la que al paquete de artículos y leyes se le llama “Ley Olimpia”, condenó en su cuenta de Twitter el pasado 14 de julio: “La Justicia es tan patriarcal que cuando se utiliza #LeyOlimpia para un hombre fue rápida, expedita y la sociedad la aplaude. Antes solo nos llamaron locas y culpables. Nunca un hombre estará en las mismas condiciones de desigualdad que una mujer”.
No fue la única reacción a nivel nacional, y mucho menos en Coahuila. Activistas, defensoras de derechos humanos, feministas y colectivos en favor de las mujeres lamentaron esta “tergiversación” con la que se impulsa una aplicación de la ley sin distingos de género para impulsar la construcción de una cultura de igualdad o equidad, puesto que cientos de casos de mujeres siguen pendientes para ser procesados, no solo en Coahuila, sino en todo el país.
UNA TENDENCIA LAMENTABLE, QUE VA A LA ALZA
A la par de las reacciones por este caso, el pasado 13 de julio, el INEGI presentó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2020 y 2021 donde alertó que de 2020 a 2021 se registró un incremento de 0.7 por ciento en incidentes de ciberacoso, y advirtió que el año pasado, última referencia estadística con un lapso de tiempo establecido, 22.8 por ciento de las mujeres y 20.6 por ciento de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso.
Esto quiere decir que al menos 17.7 millones de personas de 12 años y más que usaron internet a través de cualquier dispositivo fueron víctima de ciberacoso en México, de los cuales 9.7 millones fueron mujeres y 8 millones fueron hombres.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, a través del llamado Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), que se realizó del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2021, también precisó que la situación de ciberacoso más frecuente, que experimentaron tanto mujeres como hombres, fue el contacto mediante identidades falsas, con 36.7 y 34.5 por ciento, respectivamente.
El MOCIBA 2021 advierte que por rangos de edad, al menos 30.1 por ciento de las mujeres de 20 a 29 años y 25 por ciento de los hombres en este mismo rango que utilizaron internet fueron víctimas de ciberacoso en ese lapso.
De la población usuaria que fue víctima de ciberacoso en 2021, 37.2 por ciento contaba con estudios de nivel básico. Para la población de hombres y mujeres, el porcentaje de ciberacoso tiende a ser similar en cada uno de los niveles de escolaridad.
UN EXTENSO ‘PENDIENTE’ POR INVESTIGAR
El pasado 27 de octubre, y de acuerdo con el estudio del colectivo Luchadoras, “Justica en Trámite, Investigaciones Sobre Violencia Digital”, en Coahuila se abrieron de 2017 a febrero de 2021 al menos 273 carpetas ante la Fiscalía General del Estado por “sexting” o difusión de contenido íntimo.
De las 273 carpetas de investigación había 207 víctimas mujeres y solo 66 hombres que denunciaron ante las autoridades, de las cuales 44 eran carpetas abiertas por Invasión a la Privacidad, 32 más por delitos contra la Información Privada en Medios Informáticos y 258 Violaciones a la Privacidad a la Imagen o Intimidad.
Asimismo, se destaca que entre los pendientes antes estaba el hecho de que no había confianza para las denuncias o los procesos judiciales, y en ese apartado entró el colectivo Defensoras Digitales en Saltillo, que entre marzo de 2019 y noviembre de 2020 abrió una página en Facebook con el propósito de prestar auxilio a jóvenes victimas de ciberacoso y violación a su intimidad. En total recibieron más de 180 casos o solicitudes de auxilio de mujeres que alertaron ser víctimas de algún tipo de coerción con material íntimo.
Yunuen Castillo, una de las promotoras de este colectivo, precisó que de esas 180 peticiones de apoyo y acompañamiento solo cuatro lograron materializarse como denuncias formales, y sólo uno terminó en sentencia, lo que exhibe como el 97 por ciento de impunidad en el país no sólo se debe al fenómeno de “puerta giratoria” de las autoridades, sino también a la desconfianza y la falta de credibilidad en los procesos y autoridades judiciales del país ante su efectividad.
“Es importante visibilizar cuántas miles de mujeres en México han ido a denunciar casos de violencia digital, de violencia a la intimidad sexual, y ni siquiera ha procedido la denuncia. Ver cómo de tantos casos de mujeres un porcentaje muy pequeño es el que se judicializa y todavía uno menor es el que llega a sentencia condenatoria, es terrible. Qué bueno (que esta vez ha tocado a un hombre), porque lo importante del derecho es que se haga justicia. Pero desde el feminismo siempre insistimos en ver estas asimetrías del poder, estos pisos que desgraciadamente no son parejos”, cuestionó.
Ante la situación, la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Cuajimalpa publicó el pasado 15 de julio el artículo “Usan Ley Olimpia a favor de un hombre. Colectivas feministas piden perspectiva de género en sistema judicial”, donde advirtió con voces de activistas de Coahuila y de todo el país el largo pendiente de investigaciones de mujeres víctimas de violencia digital que no han sido atendidas por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
En esta publicación, Ariadne Lemont, vocera de Activistas Feministas de la Laguna, una organización que acompaña a víctimas de violencias en La Laguna advirtió que “si hay algo de relevante en este proceso que se ha abierto en un tribunal de Saltillo, la capital de Coahuila, es que pone en perspectiva la disparidad que existe en el acceso a la justicia entre mujeres y hombres”.
Asimismo, Gabriela Pablos, del Frente Nacional de Mujeres, quien mantiene abiertos dos procesos en los tribunales por difusión de contenido íntimo por sus exparejas opina que es por esta razón que es importante “hacer valer la perspectiva de género”, ya que advierte que suena mucho la noticia de que un hombre haya sido violentado, aunque en México el 85 por ciento de los delitos denunciados son perpetrados por hombres.
“La ley es muy clara para quien tome, difunda o publique contenido de carácter íntimo sexual con la intención de perjudicar. Eso se da por miles en contra de mujeres, así que el número de sentencias es, evidentemente, muy bajo”.
‘MÁS LEYES NO ES IGUAL A MÁS JUSTICIA’
El colectivo Luchadoras manifestó cinco puntos claves para comprender la situación del ciberacoso en México: El primero implica que “Más leyes no es igual a más Justicia”, ya que advierte que la atención a la violencia digital continúa teniendo muchos vacíos, y las necesidades de acceso a la justicia y reparación del daño se quedan en trámite de manera indefinida en manos de las autoridades.
“En promedio dos mujeres denuncian violencia digital diariamente en la Ciudad de México, pero son mínimos los casos que encuentran una solución y que además, no siempre es benéfica para la víctima”, señala el colectivo en su nota “Acceso a la justicia en casos de violencia digital ¿Qué pasó en 2021?”, publicado el pasado 5 de enero.
Por otro lado advierte que en la mayoría de los casos “los agresores son hombres mayores agrediendo mujeres jóvenes, se trata de relaciones de poder”, y ejemplifica la situación al destacar que realizaron un ejercicio en la Ciudad de México, con aproximadamente mil 500 solicitudes de acceso a la información a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para conocer los avances en el acceso a la justicia en casos de violencia digital.
En sus primeros hallazgos identificaron que las solicitudes, que abarcan el periodo del 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 a partir de cuatro delitos del Código Penal para el Distrito Federal, hallaron que hubo 209 por amenaza; 236 por extorsión; 179 bis: acoso agravado en personas menores; 181 quintus: difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
DE MIL 500 DENUNCIAS SOLO 8 LLEGARON AL PODER JUDICIAL
El Colectivo Luchadoras también advierte que las denuncias no llegan al Poder Judicial, puesto que de aproximadamente mil 500 denuncias, solo 8 causas penales llegaron al poder judicial, esto quiere decir que solo el 0.53% de los casos llegaron a manos de una persona juzgadora para iniciar el procedimiento penal de manera formal ante tribunal.
A la par de este contexto, el pasado 19 de Julio, durante el foro “Transparencia y seguridad en el mundo digital”, organizado por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, legisladores, especialistas y empresarios destacaron la importancia de garantizar la ciberseguridad y la protección de datos personales en Internet.
Por ello, coincidieron en que se debe fortalecer el marco jurídico para que el Estado, además de salvaguardar la integridad de las personas, también proteja la infraestructura nacional y los bienes públicos. Recordó que el ámbito digital también se ha utilizado para atentar contra niñas y niños, mediante la práctica deleznable conocida como grooming, la pornografía infantil y la explotación sexual.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que la dependencia al Internet y el crecimiento económico provocó que la delincuencia también evolucionara en la piratería informática, en el diseño de programas maliciosos, robo de correos electrónicos, ciber delincuencia y red oscura, que no conocen fronteras y ocasionan daños a negocios, gobiernos y personas.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que, en México, se han registrado más de 80 mil millones de intentos de ciberataques tan sólo en el primer trimestre de 2022, lo que representa un incremento de 41.9 por ciento respecto a todos los ataques en 2021; agregó que, para 2025, se estima que ese negocio delincuencial alcance los 15 trillones de dólares. (Con información de David González, Colectivo Luchadoras, UAM Cuajimalpa, INEGI, Senado de la República y Monitoreo Infonor)
A DETALLE
*La denominada “Ley Olimpia” surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla; derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad; acción que se ha replicado en 17 entidades federativas y que aprobada en 2021 para su aplicación en todo el país.
*La “Ley Olimpia” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
* El Código Penal de Coahuila castiga con prisión de 3 a 6 años de prisión como mínimo, y máximo de 9 años el delito de violación a la intimidad sexual.
EN LA MIRA DE AUTORIDADES
• Se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.
*Las siguientes son conductas que atentan contra la intimidad sexual: o Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
*Así como exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.
