SALTILLO, COAH.- El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, reveló que el Centro de Evaluación Psicosocial de esta institución ha identificado un preocupante patrón en el que padres de familia falsean información sobre sus ingresos para reducir el monto de la pensión alimenticia que deben proporcionar a sus hijos tras una separación conyugal.
Mery Ayup explicó que, en la mayoría de los casos, los hombres incumplen los acuerdos establecidos en los juicios de alimentos, lo que los lleva a figurar en la lista de Deudores Alimentarios del estado.
"Prácticamente todos los días, en cada región del estado, tenemos al menos uno o dos juicios relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias", señaló el Presidente del Poder Judicial en Coahuila.
Según el funcionario, es común que en los procesos de separación, alguna de las partes mienta sobre sus ingresos, afirmando que gana menos de lo que realmente percibe para así reducir el monto de la pensión alimenticia: "Es algo que vemos todos los días en los juzgados. Algunos padres incluso cambian el nombre de la empresa a la que pertenecen o aseguran que ganan menos para pagar menos a sus hijos", explicó Mery Ayup.
Sin embargo, el Magistrado Presidente destacó que este tipo de conductas fraudulentas no suelen pasar desapercibidas, ya que las trabajadoras sociales del Centro de Evaluación Psicosocial realizan evaluaciones exhaustivas sobre el estilo de vida de los padres, lo que puede evidenciar las mentiras.
"Todo esto puede ser demostrado ante el juez por el tipo de vida que llevaban, y se pueden acreditar los casos perfectamente bien para garantizar que los niños reciban el apoyo económico que les corresponde", agregó.
Mery Ayup subrayó que el incumplimiento de la pensión alimenticia se considera un delito y que aquellos padres que no cumplen con sus responsabilidades legales son incluidos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
Actualmente, este registro cuenta con 120 personas que están siendo procesadas judicialmente para asegurar que los menores tengan acceso a los alimentos y recursos que les corresponden por derecho, finalizó Mery Ayup.
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Mery Ayup subrayó que el incumplimiento de la pensión alimenticia se considera un delito.
