SALTILLO, COAH.- Ante un escenario económico adverso y un creciente déficit fiscal, el Diputado Federal Jericó Abramo Masso advirtió que el presupuesto federal para 2026 podría sufrir un recorte de hasta 300 mil millones de pesos, situación que, según explicó, impactará directamente a los estados y municipios, al ser los primeros en experimentar reducciones en sus asignaciones.
De acuerdo con el legislador coahuilense, los precriterios de política económica revelan que México enfrenta limitaciones serias para cumplir con sus compromisos financieros, producto de un elevado nivel de endeudamiento y del peso presupuestal que representan los megaproyectos iniciados en la administración pasada.
"La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una presión financiera enorme por obras y deudas que no generó, pero que ahora debe pagar", afirmó Abramo Masso, en referencia a proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
Como respuesta a este panorama, el diputado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de replantear la fórmula de distribución de los ingresos públicos entre los tres niveles de gobierno.
Actualmente, la federación concentra el 80% del total de los recursos, dejando apenas el 20% a los estados y municipios.
La propuesta de Abramo Masso, denominada reforma 79-21, plantea aumentar en un punto porcentual la participación estatal, lo que representaría una mejora marginal pero crucial en la capacidad financiera de los gobiernos locales.
"No es un cambio radical, pero sí un paso necesario para dar mayor autonomía presupuestal a las entidades y permitirles enfrentar con más herramientas la crisis que se avecina", subrayó el legislador.
Finalmente, destacó que la iniciativa busca abrir el debate sobre un modelo fiscal más equilibrado, en un momento en que los gobiernos locales enfrentan presiones crecientes por inflación, demandas sociales y rezago en infraestructura.
Jericó Abramo hizo un llamado a las fuerzas políticas en el Congreso a respaldar la propuesta, con el argumento de que los efectos del recorte presupuestal podrían agravar desigualdades y paralizar proyectos locales esenciales si no se ajusta el modelo actual de distribución fiscal.
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Actualmente, la federación concentra el 80% del total de los recursos, dejando apenas el 20% a los estados y municipios.
