Hace algunos días, el Senado de la República votó a favor la Ley de Seguridad Interior. La cual ha sido vendida como el ordenamiento legal que le dará marco jurídico a las acciones de las fuerzas armadas. Sin embargo, la preocupación de la sociedad civil, los colectivos defensores de derechos humanos, de organismos internacionales e incluso de la propia CNDH, ha puesto en duda la funcionalidad de esta ley debido a las violaciones en tema de D.D.H.H. que se generarían con su aprobación.
Dicha ley, contribuirá a mantener la presencia de las fuerzas armadas en las calles, favoreciendo su uso discrecional a cargo del Ejecutivo y dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas para fortalecer a la policía local.
Las consideraciones que ha señalado la CNDH son:
La ley mezcla de los conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, debido a una falta de definiciones precisas. El motivo de su preocupación en este punto es que el aplicador de la ley tiene un amplio rango para la interpretación subjetiva de los criterios dónde pueden intervenir las fuerzas armadas y dónde no.
El hecho de clasificar cierta información como “de Seguridad Nacional”, implica su resguardo total y por lo tanto niega desde ese momento su transparencia al público.
La violación de los derechos de privacidad y secreto a víctimas, por parte de las fuerzas armadas al darles permiso de hacer investigación de delitos y métodos de prevención.
La violación del debido proceso por parte de las fuerzas armadas, por no precisar desde la ley la mancera en la que se llevarán a cabo la prevención, investigación y persecución de delitos, lo que provocará que los responsables atrapados salgan libres por negligencia en el proceso.
No obstante, el problema parece ser aún más complejo pues en estos momentos retirar a las fuerzas armadas de las zonas de conflicto en México sería dejar en estado de indefensión a la población residente en las mismas y exponerla a un mayor riesgo, pese a que con o sin dicha ley el problema central de la falta de policías competentes continúa sin resolverse.
Veamos ahora que sucede con base a las exigencias de la CNDH y los grupos de presión hacia el Ejecutivo.
Clarissa Guevara
Lic. En Derecho en Gobierno y Transformación Pública
Tec de Monterrey
