EE. UU. prepara opciones militares contra cárteles de droga latinoamericanos; Trump ordena al Pentágono
WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump ha instruido al Pentágono para desarrollar opciones militares contra los cárteles de la droga latinoamericanos, marcando un cambio significativo en su política antidrogas. Aunque no se ha autorizado ninguna operación específica, la directiva faz parte de una estrategia más amplia que redefine a los cárteles como amenazas de seguridad nacional, no simplemente grupos criminales.
La orden permite que las Fuerzas Armadas exploren tácticas como operaciones de fuerzas especiales, inteligencia compartida y ataques de precisión, en coordinación con México y países aliados en la región. El enfoque emula el modelo antiterrorista post-11 de septiembre, con una militarización creciente del combate al narcotráfico. La administración Trump ya designó anteriormente a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que amplía el margen legal para estas acciones.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que esta designación autoriza "usar otros elementos del poder estadounidense" —incluyendo defensa e inteligencia— para dirigirse contra estos grupos cuando surja la oportunidad. Aunque no hay planes inmediatos de acción, se contempla la participación naval y operaciones de interdicción.
Simultáneamente, se reveló que Trump emitió una orden secreta que permite al ejército actuar contra cárteles en tierra y mar. Esta directiva surge sin la aprobación del Congreso y aprovecha la designación como organizaciones terroristas para justificar el uso del poder militar. Cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua y MS-13 están incluidos en esta lista.
Implicaciones y tensiones diplomáticas
La presidencia mexicana, encabezada por Claudia Sheinbaum, ha rechazado la posibilidad de permitir tropas estadounidenses en su territorio, enfatizando la necesidad de colaboración dentro de sus propias fronteras.
El cambio de enfoque —de una estrategia basada en aplicación de la ley a una orientada hacia la seguridad nacional— genera debate sobre las consecuencias legales, diplomáticas y de soberanía. Además, introduce escenarios inéditos en la historia de la relación bilateral, incluyendo la posibilidad de acciones militares en alta mar.
