El Tribunal Supremode España dio su aval a las trabajadoras sexuales para crear su primer sindicato, que desde 2018 se hace llamar OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales).
La decisión del Tribunal, anunciada el miércoles 2 de junio, revoca una previa que aceptaba la anulación de OTRAS, promovida desde el gobierno.
Al respecto, el Tribunal Supremo de España precisó que las trabajadoras sexuales “gozan del derechofundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse”.
Sin embargo, el Tribunalpuntualizó que esto no determina “la legalidad (o ilegalidad)” del trabajo sexual, pues esa decisión corresponde al Poder Legislativo.
La Audiencia Nacional ordenó la anulación del sindicato de trabajadoras sexuales en 2018
Fue en 2018 cuando se creó con gran discreción el Sindicato deTrabajadoras Sexuales (OTRAS). Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso en su contra.
En noviembre del mismo año, la Audiencia Nacional anuló los estatutos del sindicato, al considerar inadmisible que la prostitución tuviera un contrato de trabajo válido.
También, bajo el argumento de que dar su aval al Sindicato de Trabajadoras Sexuales supondría “reconocer como lícita la actividad del proxenetismo”.
Esta sentencia ha sido revocada por el Tibunal Supremo, en una sentencia donde se señala que los “estatutos impugnados” del OTRAS son “conforme a derecho”.
Tribunal Supremo de
España recuerda que la figura del proxeneta sigue criminalizada
En su resolución, el Tribunal Supremo subrayó que solo reconoce este derecho a las trabajadoras sexuales que ejerzan por cuenta propia.
Esto excluye a la prostitución por cuenta ajena, pues el Tribunal indicó que no existe relación laboral válida en esos casos, lo que aceptaron las integrantes de OTRAS.
En España, la legislación penal prohibe la actividad de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena, “aunque no sea coercitiva y medie el consentimiento de la persona prostituida”.
Ante ello, la figura de un posible empresario (proxeneta) con el que pudieran negociar OTRASse encuentra absolutamente criminalizada.
Con información de AFP y El País
