A partir de este viernes, los hospitales públicos en Texas comenzarán a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, en cumplimiento de una orden del gobernador republicano, Greg Abbott, una petición muy controversial.
La medida no restringe el acceso de migrantes irregulares a los servicios de salud, pero obliga a los hospitales a presentar informes sobre el costo que implica su atención. El primer informe deberá entregarse en marzo del próximo año.
Con esta normativa, Texas se suma a Florida, donde desde el año pasado se recopila información sobre la atención que los hospitales brindan a personas indocumentadas, aunque de momento es mínima.
El objetivo de recompilar esta información es para poder enviar "una factura" al gobierno federal, argumento que los gastos médicos a inmigrantes ilegales le cuesta al estado texano.
