Un tribunal español ha ordenado investigar a los dueños de una empresa funeraria por participar en una supuesta venta ilícita de cadáveres a universidades.
La Audiencia Provincial de Valencia (este) estima en un auto el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el criterio del juez instructor del caso, por el que ya eran investigados dos empleados.
Un juzgado de instrucción de Valencia mantiene abiertas dos causas sobre este mismo asunto: una primera relativa únicamente a las supuestas irregularidades en la venta de un cadáver, y otra por un supuesto entramado criminal sobre esta misma cuestión.
La decisión de la Audiencia Provincial, conocida este martes, está relacionada con la primera de las causas, concretamente con la venta del cuerpo de un hombre fallecido en el hospital La Fe a una universidad.
El juez instructor considera que un posible delito de falsedad documental en el Registro Civil fue cometido únicamente por los empleados de la funeraria. Sin embargo, el fiscal discrepa y cree que la "implicación, conocimiento y capacidad de decisión" de los dueños de la funeraria es innegable.
Los dos empleados y los dos dueños, de entre 41 y 74 años, fueron detenidos el pasado mes de enero y puestos en libertad provisional tras declarar.
La Policía sospecha que llegaron a facturar 5 mil 040 euros (cerca de 5 mil 500 dólares) a una universidad por once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que funcionan en la ciudad.
Al parecer, los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando de un sola vez la cremación de varios cadáveres.
Así, presuntamente, se ahorraban pagar por ellas, pero sí las facturaban a la universidad, y sacaban notables beneficios con ello.
La investigación comenzó a principios de 2023, cuando los agentes supieron que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria.
Para ello, se habrían realizado falsificaciones en el libro de registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Los investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cadáver que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio, en vez de darle sepultura.
El fallecido debería de haber sido enterrado en su municipio de residencia con un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento local. Sin embargo, habría sido vendido para su estudio por casi mil 200 euros (mil 300 dólares), sin que ningún familiar o allegado diera consentimiento.
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias, según la Policía.
