El juez federal Brian Murphy, del distrito de Massachusetts, ha acusado al gobierno de Donald Trump de "crear caos" al deportar migrantes a terceros países sin garantizar el debido proceso legal. La controversia surgió tras la deportación de ocho migrantes, incluyendo ciudadanos de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur, quienes fueron enviados a Yibuti como escala hacia Sudán del Sur, un país en conflicto que rechazó recibirlos debido a la falta de acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
El juez Murphy determinó que estas deportaciones violaron órdenes judiciales previas que exigían notificar adecuadamente a los migrantes y permitirles impugnar su expulsión, especialmente si enfrentan riesgos de tortura o persecución en los destinos propuestos. Aunque los migrantes tienen antecedentes penales, Murphy enfatizó que esto no anula su derecho al debido proceso.
En respuesta, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que anule la orden de Murphy, argumentando que las restricciones judiciales interfieren con las facultades presidenciales y complican las relaciones diplomáticas necesarias para gestionar deportaciones, especialmente cuando los países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos.
Este caso refleja las tensiones entre las políticas migratorias agresivas de la administración Trump y el poder judicial, que busca garantizar los derechos fundamentales de los migrantes. La decisión final de la Corte Suprema podría establecer precedentes significativos sobre la legalidad y el alcance de las deportaciones a terceros países sin vínculos previos con los migrantes.
