En 2021 hubo 277 muertes violentas de niñas y adolescentes, la cantidad más baja desde 2017, de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano.
De esas muertes, 111 fueron clasificadas como feminicidios y 166 como homicidios dolosos. La mitad ocurrió en seis entidades: Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua.
En los casos de Nayarit, Durango y Campeche, el número de mujeres víctimas de violencia menores de 17 años es de hasta el 20%.
El 7.4% de las muertes correspondió a víctimas de menos de 17 años. De acuerdo con los datos de presentados por la titular del Conavim, de los 50 municipios más violentos del país, 39 cuentan con alerta de género.
En 9 de cada 10 casos, el victimario de niñas y adolescentes es una persona cercana a la víctima, indicó Fabiola Alanís en una reunión de trabajo con la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes del Senado el pasado 20 de abril.
Tania Jimena Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien también participó en la mesa de trabajo, dijo que en lo que va del año han desaparecido 748 mujeres.
El Estado de México, la Ciudad de México y Morelos reúnen el 46% de las desapariciones. De acuerdo con las cifras oficiales, en los primeros cuatro meses del año, 6.2 mujeres han desaparecido diariamente.
La SSPC informó el pasado 26 de abril que trabaja en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas cuya información genética pueda ser utilizada en las investigaciones.
Como parte del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez anunció la iniciativa.
Dijo que ésta ayudará a que las fiscalías estatales cuenten con un Banco de ADN de uso forense y cuya información genética pueda ser utilizado en la vinculación de evidencia; así como la activación de un grupo de personas expertas cuando se requiera su cooperación.
Con información de LATINUS
