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Nación

Cámara de Diputados aprueba la controvertida Ley Espía

Acceso a datos biométricos por parte del gobierno federal aprobado en la Cámara de Diputados para fortalecer la seguridad pública.

Por Israel Castro - 26 junio, 2025 - 09:33 a.m.
Cámara de Diputados aprueba la controvertida Ley Espía

En las primeras horas de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la controvertida Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública con 324 votos a favor y 117 en contra.

Después de 17 horas de discusión en la cámara baja, se aprobó la controvertida ley, la cual, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá pedir información privada a las instituciones de seguridad, esto con la excusa de la seguridad.

En lo general, se emitieron 368 votos a favor, 101 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular se emitieron 324 votos a favor, 117 en contra y 0 abstenciones.

Ahora, la música viajará al Senado de la República, donde se deberá aprobar antes del 2 de julio.

La Ley Espía

Esta ley da luz a la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la cual, estaría bajo el mando del Centro Nacional de Inteligencia, el cual tendrá acceso a la Plataforma Única de Identidad de la Segob, misma que tendrá desde datos personales hasta datos biométricos.

Además se establece lo siguiente:

SSPC y Guardia Nacional tendrán acceso a bases de datos personales y biométricos en posesión del gobierno federal y de entes privados.

Acceso a datos vehiculares, placas, biométricos, telefónicos y registros públicos de la propiedad y comercio, personas morales, catastros y fiscales.

Otorga a la GN facultad de realizar investigación e inteligencia en seguridad pública.

Crean la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Concretan el Centro Nacional de Inteligencia.

Conforman la Plataforma Central de Inteligencia.

Obliga a estados y municipios a encabezar 'mesas de paz'.

Faculta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para cancelar la ministración de aportaciones a entidades y municipios que incumplan los acuerdos.

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