Ciudad de México — 25 de julio de 2025 — Fuentes especializadas han advertido que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, seguida de la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Estados Unidos, desencadenó una guerra interna que ha sumido a Sinaloa en una crisis de violencia sin precedentes .
La detención, ocurrida en julio de 2024 en Nuevo México, ha sido descrita como una traición perpetrada por Guzmán López, quien supuestamente secuestró al Mayo para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Ese acto provocó una ruptura interna entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, intensa rivalidad que ha dejado más de 883 homicidios en los primeros seis meses de 2025 y más de 1,500 personas desaparecidas desde septiembre de 2024.
Analistas señalan que lo ocurrido fue un intento estratégico de Estados Unidos coordinado con miembros de la facción de los hijos de El Chapo, lo cual desestabilizó el equilibrio interno que se mantenía con el liderazgo de El Mayo. Esa intervención no oficial ha sido identificada como el detonante principal de la escalada violenta.
A partir del 9 de septiembre de 2024, comenzó una confrontación prolongada en Culiacán y municipios aledaños, que no solo involucró enfrentamientos armados, sino también secuestros, bloqueos de vialidades y desplazamientos masivos. Sectores civiles han reportado colapso en sectores como el turismo, con clases migrando a modalidad virtual y varias zonas suspendidas por inseguridad.
Aunque el gobierno mexicano desplegó fuerzas militares, la violencia ha continuado. La detención y acuerdo de cooperación de Ovidio Guzmán López ante tribunales estadounidenses también ha intensificado el conflicto. Ovidio se declaró culpable en julio de 2025 como parte de una estrategia legal que incluirá su testimonio ante autoridades norteamericanas.
Desde la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido mayor coordinación y transparencia con las autoridades estadounidenses, señalando que México no ha tenido acceso pleno a los acuerdos alcanzados, lo que ha afectado la cooperación bilateral en materia de seguridad
