El reciente fallo judicial que declara culpables a 10 detenidos por el caso del Rancho Izaguirre reaviva la indignación y el debate en Jalisco y a nivel nacional. Este complejo ubicado en Teuchitlán, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es señalado como un espacio de adiestramiento criminal y violaciones a derechos humanos.
Los acusados fueron capturados el 18 de septiembre de 2024 durante un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército, momento en que se liberaron a dos víctimas y se incautaron armas. Sin embargo, no se descubrieron inicialmente crematorios, fosas o restos humanos. Fue hasta marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló zapatos, ropa, tres hornos rudimentarios y fragmentos óseos, revelando la verdadera magnitud del lugar.
La sentencia por parte de un juez local representa un hito definitivo en una investigación plagada de violaciones procesales y omisiones. La Fiscalía General de la República (FGR) intervino tras acusaciones de falta de transparencia por parte de autoridades estatales, lo que atrajo la atención nacional al caso .
El fallo contra los 10 imputados —vinculados con delitos de secuestro, pertenencia a organización criminal y desaparición forzada— establece un precedente para otros casos similares en México. Además, el descubrimiento de indicios de tortura y entrenamiento a sicarios resalta la forma en que el CJNG utilizaba el terreno para adoctrinar y ejercer violencia sistemática .
Organizaciones civiles, como los Guerreros Buscadores, celebran el avance, aunque enfatizan la necesidad de fortalecer la investigación federal, garantizar justicia para las víctimas y esclarecer el destino de posibles desaparecidos. Este caso también expone la tensión entre la autoridad local y la FGR: mientras Jalisco investigaba por posesión de armas, la federación apuntaba a delitos de crimen organizado y desaparición .
