CIUDAD DE MÉXICO. – Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 sacó una bandera blanca asegurando que ya se había acabado la corrupción y la impunidad en su gobierno, un organismo federal creado en ese mismo año para administrar las semillas mexicanas, es investigada por el mal manejo de más de 9 mil 500 millones de pesos, superando por mucho la famosa “estafa maestra”.
La mañana de hoy jueves, Roberto Saucedo Aquino, secretario de la Función Pública, presentó un detallado informe sobre los presuntos desvíos económicos, malos manejos y posibles actos de corrupción que se desarrollaron al interior de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana, conocida por sus siglas como SEGALMEX.
El contralor interno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló que esta empresa es un organismo dependente del gobierno federal creada en la presente administración en el 2019, con el objetivo de rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago en México.
“En 2019 se creó SEGALMEX para favorecer la producción del maíz frijol arroz trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada”, sin embargo, desde su creación, el organismo se caracterizó por actos de corrupción, los cuales podrían alcanzar un quebranto patrimonial por más de 9 mil 500 millones de pesos.
En el marco de la conferencia de prensa Mañanera del presidente López Obrador, el titular de la Función Pública, manifestó que desde el 2019 al 2021, es decir desde que inicio operaciones se le realizaron observaciones por presuntas irregularidades y probables actos de corrupción por un monto de 6 mil millones de pesos, los cuales a la fecha no han sido solventadas.
“La Secretaría de la Función Pública practico 84 actos de fiscalización desde la creación de SEGALMEX en 2019 y hasta el cierre de 2021 que incluyeron auditorías visitas verificaciones con montos observados por 6mil millones de pesos”, señaló el funcionario federal.
Explicó que debido a las anomalías detectadas en los dos primeros ejercicios financieros, en el presente año se reforzaron las acciones de auditoria, tanto a SEGALMEX como a Diconsa y Liconsa, con observaciones que fueron plasmadas “en 22 pliegos de observaciones por 3mil 465 billones de pesos”.
Señaló que los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9500 millones de pesos.
Con respecto a los delitos en los habrían incurrido los funcionarios de la 4T son uso ilícito de atribuciones y delincuencia organizada.
Señaló que por estos delitos se encuentran presentadas ante la Fiscalía General de la República 38 denuncias que fueron presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrán podrían haber ocasionado un daño patrimonial a SEGALMEX, Diconsa y Liconsa.
Informó que un servidor público “fue vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros e instrumentos de alto riesgo, 950 millones de pesos. Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente”.
Aunque aclaró que el capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados por estos 950 millones “aún están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”.
Asimismo, señaló que la Secretaría de la Función Pública en el ámbito administrativo abrió 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.
