La Fiscalía General de la República ha solicitado, por segunda ocasión, la detención de 31 científicos e investigadores acusados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el órgano rector de la ciencia en el país, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Sin embargo, un juez federal ha rechazado dictar las órdenes de aprehensión tras considerar que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados.
La Fiscalía tenía en la mira el presupuesto de 244 millones de pesos que recibió la asociación Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre los señalados están Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018, Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco; o Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.
La Fiscalía ha vuelto a fallar en su intento por detener a este grupo de científicos.
En una primera ocasión, en agosto pasado un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó por primera vez conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias, por ejemplo, que faltaba precisar la participación de los imputados en los delitos. Pese al rechazo, la Fiscalía presentó este lunes de nuevo las órdenes de detención insistiendo en que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos por labores que ya realizaba el Conacyt.
El investigador del Centro de Ciencias Genómicas, David Romero, calificó las solicitudes de aprehensión de la Fiscalía como un abuso judicial y un intento de intimidación hacia opiniones diferentes dentro de la comunidad científica. “Lo que vemos es que esto es un intento de acallar voces críticas a la administración del Conacyt. No hay ningún elemento válido para justificar acusaciones tan extremas”, comentó.
Romero añadió que las acusaciones de la Fiscalía suponen más un intento de represalia contra los investigadores que en el pasado han tenido conflictos con la narrativa del Gobierno federal, por ejemplo, contra la exdirectora del Foro Consultivo, Tagüeña, que hace un año se enfrentó con el Conacyt en tribunales.
Los desacuerdos entre el Conacyt y el Foro datan de finales de 2019, cuando el máximo órgano federal de la ciencia en México cuestionó el presupuesto otorgado a esta asociación civil y decidió dejar de entregarlo.
El Foro, en ese entonces dirigido por Julia Tagüeña, presentó y ganó el amparo para seguir recibiendo el presupuesto federal, sin embargo, un año después el Conacyt decidió cambiar sus estatutos internos para liberarse de la obligación de dotar de recursos a este organismo.
En alusión a las investigaciones contra los investigadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esta mañana que en su Administración no se permitirá la impunidad.
“Se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo”, señaló el mandatario en su habitual conferencia de prensa.
Tras darse a conocer la cruzada de la Fiscalía contra este grupo de investigadores, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) exigieron el cese de las amenazas para los señalados.
“Estas acusaciones contra 31 miembros de la colectividad académica nacional, entre los cuales se encuentra nuestro colega y exdirector, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, son simplemente inaceptables, por lo cual demandamos el desistimiento de las autoridades de esta pretensión desproporcionada y absurda”, expresó el CIDE por escrito.
