Elon Musk enfrenta un obstáculo legal en Nuevo León que podría retrasar o incluso frenar la construcción de su Gigafactory en Santa Catarina. La compra de los terrenos donde se planea la fábrica de Tesla, por más de 100 millones de dólares, ha desatado una batalla legal debido a reclamos de propiedad que datan de hace dos décadas.
María de los Ángeles García Jiménez y sus hermanos afirman ser los legítimos dueños de las 1,194 hectáreas adquiridas por Musk. Según su versión, la familia Garza Ayala, descendiente del exgobernador Lázaro Garza Ayala, vendió ilegalmente las tierras con ayuda de funcionarios corruptos. La denunciante sostiene que su familia posee escrituras, testamentos y pagos de predial que respaldan su propiedad, pero que el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León "desapareció" los documentos para favorecer el fraude.
El caso ha derivado en un juicio contencioso desde 2019 contra funcionarios del Catastro y los Garza Ayala. María de los Ángeles también asegura que su familia ha sufrido amenazas y ataques armados por parte de quienes buscan apropiarse de los terrenos.
Mientras tanto, ha intentado contactar directamente a Elon Musk y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, sin recibir respuesta. Aunque deja claro que no tiene problema con Musk, exige que se reconozcan sus derechos o se les compense por las tierras.
El gobernador confirmó que el proyecto de Tesla sigue en pausa, en parte debido a la postura de Donald Trump sobre la industria automotriz. Sin embargo, el litigio añade una nueva incertidumbre sobre la inversión de Musk en México, y el caso podría exponer una red de corrupción en el registro de propiedades del estado.
