El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de resolución que propone anular ciertos puntos clave de la reforma judicial impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, en particular la elección de jueces por voto popular y la figura de los "jueces sin rostro." Este proyecto será discutido en el Pleno de la SCJN, y forma parte de la respuesta a acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes se oponen a varias disposiciones de la reforma.
González Alcántara Carrancá argumenta que la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito mediante el voto popular no ofrece garantías suficientes de seguridad jurídica, lo cual es indispensable en un sistema democrático. Según su proyecto, la falta de claridad en los requisitos que los aspirantes deben cumplir para ser considerados, así como en los contenidos permitidos en sus campañas, generan incertidumbre y riesgo de comprometer la imparcialidad judicial. Sin embargo, el proyecto no se pronuncia respecto a la elección de ministros de la SCJN o de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que deja fuera de esta discusión a los niveles más altos del poder judicial.
Otro punto polémico es la figura de los "jueces sin rostro," una medida destinada a proteger la identidad de jueces que podrían estar expuestos a riesgos por su labor, especialmente en casos vinculados con el crimen organizado. González Alcántara considera que esta medida va en contra de las garantías de debido proceso, ya que la protección del anonimato de los jueces puede afectar la transparencia y la percepción de justicia en el sistema.
La discusión sobre el proyecto de resolución en la SCJN marcará un punto clave en la defensa de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial en México, en un contexto donde la independencia judicial ha sido tema de intenso debate. La anulación o modificación de estos puntos, de aprobarse, tendría un impacto significativo en el sistema de justicia y en los mecanismos de protección y selección de jueces en el país.
