La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrenta a una discusión importante sobre las facultades de su Ministra Presidenta, Norma Piña, para suspender la implementación de una reforma judicial recientemente aprobada. Esta reforma busca establecer que todos los jueces del país sean elegidos por voto popular, lo que ha generado una controversia dentro del Poder Judicial. Desde el 19 de agosto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) ha liderado un paro de labores casi total en protesta por esta medida, lo que motivó que la Corte abriera una controversia constitucional el pasado jueves.
La discusión sobre si Norma Piña tiene el poder de suspender la reforma judicial surge en el contexto de consultas realizadas por la JUFED, quienes solicitaron a la Corte aclarar si su Presidenta puede dictar medidas cautelares en situaciones como estas, que no constituyen un juicio formal. Sin embargo, el proyecto presentado por la Ministra Lenia Batres argumenta que la ley no permite la emisión de suspensiones en este tipo de controversias. Batres sostiene que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) ni la Constitución facultan a la Presidencia de la Corte para dictar medidas cautelares en estas circunstancias, como ocurre en los amparos y otros procedimientos judiciales.
El debate en la Corte es importante, ya que la mayoría de los ministros decidieron abrir la controversia basándose en el artículo 11, fracción XVII, de la LOPJF, el cual permite resolver conflictos internos dentro del Poder Judicial Federal (PJF), pero ha sido interpretado de manera más amplia para incluir situaciones que afectan a otros Poderes de la Unión. La decisión final será determinante para la futura aplicación de la reforma judicial y para definir los límites de las facultades de la Presidenta de la SCJN en este tipo de controversias.
Por su parte, la Ministra Piña podría verse obligada a tomar decisiones que serían apelables ante el Pleno de la Corte si se concluye que puede dictar medidas cautelares. Aunque ya se han concedido varias suspensiones por parte de jueces federales para frenar la implementación de la elección judicial programada para junio de 2025, estas suspensiones están basadas en amparos que algunos consideran inadecuados, ya que los amparos no proceden contra reformas constitucionales ni en materia electoral. Aún no está claro si el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acatarán estas suspensiones, mientras que el Senado y la Presidenta Claudia Sheinbaum han subrayado que la elección judicial se llevará a cabo según lo previsto.
Avances en la implementación de la reforma judicial
En paralelo, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado las leyes secundarias que detallan el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, lo que marca un paso enorme para la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial. Estas leyes incluyen reglas específicas sobre cómo se llevará a cabo la elección y garantizan principios como la equidad en el proceso. El INE será responsable de aprobar el modelo de la boleta electoral y de organizar debates, además de garantizar que las campañas de los aspirantes no estén influenciadas por financiamiento externo ni la intervención de partidos políticos.
El calendario electoral también ha sido definido. La convocatoria general se emitirá el 16 de octubre, momento a partir del cual cada poder de la Unión deberá establecer comités de evaluación de los candidatos a los cargos de ministros, magistrados y jueces. La inscripción de aspirantes comenzará el 24 de noviembre, y para el 15 de diciembre se completará la evaluación de los candidatos. El 4 de febrero de 2025, los comités de evaluación determinarán a los finalistas, y el 7 de febrero se publicarán los listados definitivos que se remitirán al INE.
Además, conforme a la reforma, los estados también deberán armonizar sus constituciones para permitir la elección de magistrados y jueces estatales. Esta adaptación será necesaria tanto para aquellos que decidan elegir la mitad de los cargos en 2025 y la otra mitad en 2027, como para los que opten por una elección total en 2027.
