Los candidatos que participarán en la elección del 1 de junio de 2025 para ocupar alguno de los 850 cargos del Poder Judicial de la Federación deberán financiar su promoción con recursos propios, de acuerdo con la reciente reforma constitucional publicada el 15 de septiembre y las leyes reglamentarias que actualmente están en discusión en el Congreso.
La reforma, aprobada por el Senado en una sesión organizada por los senadores de Morena, PT y PVEM, establece que 464 magistraturas y 386 juzgados federales estarán en juego en esta jornada electoral. La otra mitad de los cargos del Poder Judicial se elegirá en 2027.
Entre las modificaciones más notables de la reforma está la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve, quienes serán elegidos por voto popular el 1 de junio de 2025, con mandatos de ocho, 11 y 14 años.
Además, se contempla la elección de magistrados para el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal.
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es que los candidatos no contarán con financiamiento público ni privado para sus campañas. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), será la entidad responsable de acordar los límites de gastos y la fiscalización, apoyándose en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los candidatos tendrán derecho a tiempo aire en medios como radio y televisión, pero se priorizará el uso de medios digitales para sus campañas, sin que deban pagar por la difusión.
Rafael Arenas, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Abogados, explicó que esta falta de financiamiento podría afectar la equidad de la contienda.
Según Arenas, el proceso electoral será difícil, y probablemente estará más influenciado por los partidos políticos que por los méritos jurídicos de los candidatos.
Arenas expresó que el talento de los abogados no siempre está relacionado con su capacidad económica, por lo que teme que el financiamiento privado no iguale las oportunidades entre los participantes.
Por su parte, Tulio Salanueva Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, señaló que aunque para muchos abogados participar en una contienda para un puesto en el Poder Judicial es un sueño, la falta de recursos representa una desventaja significativa. Sin embargo, recalcó la importancia de esperar a conocer los detalles específicos de la convocatoria antes de determinar si el proceso será justo o no.
Tanto Arenas como Salanueva coinciden en que la elección popular de jueces y magistrados es un desafío inédito. Para Arenas, este proceso podría verse influenciado por el carácter político de las campañas, lo que podría desvirtuar la naturaleza jurídica de los cargos. Salanueva, por otro lado, considera que elegir jueces mediante voto popular es un "despropósito", ya que los jueces no deben ser figuras populares, sino imparciales y capacitados para impartir justicia. Añadió que no necesariamente el más popular será el más apto para el cargo.
Calendario clave para la elección de magistrados y jueces:
15 de octubre: El Senado debe emitir la convocatoria para los Poderes.
31 de octubre: Se instalarán los Comités de Evaluación.
24 de noviembre: Comienza el proceso de inscripción de aspirantes.
31 de enero: Los Comités realizarán entrevistas para seleccionar a los mejores finalistas.
4 de febrero: Los listados depurados se regresarán a los Poderes.
1 de junio de 2025: Se llevará a cabo la elección.
28 de agosto de 2025: La Sala Superior del Tribunal Electoral resolverá cualquier impugnación.
1 de septiembre de 2025: Los electos tomarán posesión de sus cargos.
La reforma al Poder Judicial busca promover la igualdad de condiciones en la elección de jueces y magistrados, pero el debate sobre la falta de financiamiento y la influencia política en el proceso sigue siendo un tema de preocupación. La contienda, que se llevará a cabo en 32 circuitos judiciales del país, promete ser un evento clave en la historia del sistema judicial mexicano, con importantes implicaciones para la imparcialidad y el acceso a la justicia en México.
