Las comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción del Congreso de Quintana Roo aprobaron, por unanimidad, la iniciativa que prevé que la próxima gubernatura de la entidad dure ocho años y la que siga dos años.
En la reunión de comisiones unidas, efectuada el miércoles sólo con la presencia de los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, el grupo continuó la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto, iniciada el 29 de septiembre pasado.
La iniciativa, presentada por el diputado Carlos Rafel Hernández Blanco, del PRI y presidente de la comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, planteó la modificación de los decretos 100 y 97 expedidos por la legislatura.
La comisión de análisis jurídico legislativo explicó que lo que propone el legislador es que el próximo periodo del poder ejecutivo local sea de ocho años y el lapso que dure el siguiente gobernador en el puesto sean dos años. La propuesta busca que, en 2030, se logre homologar con los procesos electorales federales, como estableció la reforma constitucional en materia electoral de 2014.
La secretaría de las comisiones informó que estaban presentes tres integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales y tres de la comisión Anticorrupción, con lo que se logró quórum suficiente para reanudar la sesión.
A la reunión no asistieron los legisladores del diputados del Partido Acción Nacional, Eduardo Martínez Arcila, Kira Iris San y Reyna Durán Ovando, con lo que tras 11 minutos de discusión, los diputados Érika Castillo Acosta, Euterpe Gutiérrez Valasis Edgar Gasca Arceo, Hernán Villatoro Barrios y Judith Rodríguez Villanueva avalaron la propuesta.
No hubo intervenciones al respecto de la modificación y se aprobó por unanimidad en ambas comisiones, con lo que se instruyó realizar la propuesta de dictamen de decreto a la comisión, así como el impacto presupuestal correspondiente.
La unidad de análisis financiero manifestó que no advierte un impacto a considerarse en términos de presupuesto, sin embargo previó impactos a corto plazo por la realización de dos procesos electorales en dos años. Pese a esto, validó el decreto. La iniciativa reforma la fracción II del artículo segundo transitorio del decreto 100, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Quintana Roo, en materia electoral.
También modifica la fracción II del artículo quinto transitorio del decreto 97, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para la entidad, expedido por la XV Legislatura.
