Ante la persistente resistencia de ciertos elementos policiales a activar las cámaras de video instaladas en las patrullas y en sus uniformes, el Alcalde Mario Dávila ha advertido sobre la imposición de sanciones para aquellos que no cumplan con esta medida.
Esta medida se implementa debido a situaciones en las que no se ha podido recabar evidencia visual de ciertos eventos, siendo este precisamente el propósito principal de la instalación de dichas cámaras: permitir una visión objetiva de cualquier situación que requiera ser revisada.
Las sanciones previstas abarcan desde faltas administrativas hasta la posible destitución del cargo, dependiendo de la gravedad del delito que se les impute a los agentes.
Aunque en ocasiones el uso de estas cámaras ha favorecido a los agentes para demostrar su inocencia frente a alguna acusación, existe la posibilidad de que, al sentirse acorralados o incapaces de defenderse, algunos policías opten por apagar deliberadamente las cámaras.
Para supervisar el cumplimiento de esta medida, se ha establecido un área específica en el edificio de la Presidencia Municipal, donde se monitorean las cámaras de seguridad pública. En caso de detectar que algún elemento u unidad mantiene las cámaras desactivadas, se les llama la atención y se les ordena encenderlas inmediatamente.
