PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante su conferencia matutina, el alcalde Jacobo Rodríguez fue incapaz de recordar el nombre de la empresa responsable de desarrollar la nueva aplicación digital de trámites municipales, presentada esta semana por su administración. El proyecto ya ha costado más de 3 millones de pesos al erario y comprometerá más de 15 millones durante todo el trienio.
"No me acuerdo el nombre", respondió el edil al ser cuestionado directamente sobre el proveedor. Al preguntársele si el monto inicial se pagó en una sola exhibición, contestó con evidente imprecisión: "Creo que sí".
A pesar de la falta de claridad del alcalde, en redes sociales comenzaron a circular documentos que revelan que el contrato fue firmado el pasado 6 de marzo con la empresa Betta JJ & Asociados, S.A. de C.V., con sede en Monterrey, Nuevo León.
Según denuncias ciudadanas, la compañía no contaba con el certificado vigente para operar como proveedor municipal al momento de la contratación. Además, el convenio millonario no fue sometido a votación ni aprobación del Cabildo, lo que ha generado una ola de críticas por parte de regidores y ciudadanos.
Aunque el gobierno local presentó la aplicación como una "adecuación del Sistema Integral de Gobierno", en la práctica se trata de una plataforma interna que regula accesos, permisos y movimientos del personal municipal. El costo mensual por concepto de licencias y almacenamiento asciende a 290 mil pesos, una cifra que expertos en tecnología califican como atípica para una app de este tipo.
Tan solo en 2025, el municipio destinará más de 7 millones de pesos, incluyendo el 16 % de IVA, al mantenimiento de la herramienta digital, lo que perfila un esquema financiero altamente cuestionable en una ciudad con múltiples carencias en servicios públicos.
Por si fuera poco, la dirección registrada de la empresa contratada —Distrito B2 #104, Colonia Leones, Monterrey— corresponde a un inmueble de lujo, con renta mensual estimada en 139 mil pesos, según registros del mercado inmobiliario regiomontano.
La opacidad en el proceso de adjudicación, el desconocimiento del propio alcalde sobre los términos del contrato, la falta de aval del Cabildo y el uso prolongado de recursos públicos han elevado las alertas sobre un posible caso de corrupción y uso indebido del presupuesto municipal.
