Piedras Negras, Coah. – A una semana de que cuatro elementos de la Policía Municipal ingresaran sin orden judicial al despacho del notario público Raúl Fernando Tamez Robledo, el afectado presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de allanamiento.
El incidente ocurrió el sábado 31 de mayo, cuando los agentes irrumpieron de forma violenta en la oficina del fedatario, ubicada en el centro de la ciudad, mientras perseguían a un ciudadano en situación vulnerable que ya se encontraba en el interior del inmueble.
De acuerdo con el testimonio del notario, los uniformados ignoraron sus solicitudes de respeto a la propiedad privada y amenazaron con detenerlo si continuaba oponiéndose.
"Me sorprendió ver cómo irrumpieron en mi propiedad. Les pedí respeto, pero la respuesta fue una amenaza directa: que si seguía oponiéndome, también me llevarían a mí",
— Raúl Fernando Tamez Robledo, notario público
El caso fue inicialmente minimizado por la administración municipal. El alcalde Jacobo Rodríguez declaró que no se tomarían medidas hasta que se presentara una denuncia formal, mientras que el comisario Cruz Eliud Mercado reconoció que los agentes "estuvieron en la puerta", pero negó que hubieran ingresado, pese a la existencia de un video que contradice su versión.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran claramente a los policías dentro del despacho, en aparente violación del Estado de derecho y del principio de inviolabilidad del domicilio, más grave aún al tratarse de servidores públicos en funciones.
Hasta el momento, el Municipio no ha iniciado una investigación interna ni ha ordenado la revisión de las cámaras corporales, que por protocolo los oficiales deben portar durante sus funciones. Esta omisión institucional es relevante, ya que el contenido de las grabaciones podría confirmar o desmentir la denuncia.
La falta de acción por parte de la Dirección de Seguridad Pública y del propio Ayuntamiento ha sido interpretada por diversos sectores como un posible intento de encubrimiento, pese a la evidencia videográfica y al testimonio directo de un profesional del derecho.
Con la denuncia ya interpuesta, la Fiscalía General del Estado está obligada a investigar el posible delito, mientras crece la presión para que el Gobierno municipal enfrente su responsabilidad en un caso que pone en evidencia presuntos abusos policiacos, desdén por el debido proceso y una preocupante negligencia institucional.
