PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A casi dos meses del estallido del conflicto laboral entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas, solamente uno de los 110 empleados afectados ha aceptado la liquidación ofrecida por el Gobierno Municipal, confirmó este viernes el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar.
El conflicto surgió tras la decisión del alcalde Jacobo Rodríguez de despedir de forma masiva a trabajadores sindicalizados, en lo que ha sido interpretado como un intento por desarticular la organización gremial. La medida escaló rápidamente a tribunales laborales, donde 109 trabajadores mantienen procesos legales activos en busca de su reinstalación o una indemnización justa.
Aguilar explicó que el único trabajador que aceptó la oferta acudió por voluntad propia al Departamento Jurídico del Ayuntamiento, tras haber encontrado un nuevo empleo y decidir no continuar con el litigio. Sin embargo, este caso es una excepción dentro de un escenario dominado por la resistencia colectiva y el respaldo jurídico.
La estrategia del Ayuntamiento, basada en presiones para forzar renuncias, no solo ha resultado ineficaz, sino que podría convertirse en un boomerang financiero para la administración. De prosperar las demandas, el Municipio estaría obligado a cubrir salarios caídos, prestaciones y compensaciones acumuladas, con un costo estimado superior a los 20 millones de pesos, según cálculos reconocidos por la misma autoridad.
Cada semana sin resolución incrementa el pasivo laboral, comprometiendo las finanzas municipales y otros rubros presupuestales. Mientras tanto, la estabilidad económica de más de cien familias sigue en vilo, sin ingresos y sin que se observe una disposición conciliadora por parte del Ayuntamiento.
Hasta el momento, no ha habido voluntad política por parte del alcalde Jacobo Rodríguez para retomar el diálogo con el sindicato o presentar soluciones distintas a la liquidación. Las reuniones están congeladas, y la postura del gobierno ha oscilado entre el desdén y la estrategia legal.
"Este conflicto fue provocado por el mismo Municipio y ahora pretende resolverlo a su conveniencia", afirmó un abogado laboral consultado, quien recalcó que los despidos colectivos sin causa justificada violan directamente los derechos laborales y sindicales consagrados en la Ley Federal del Trabajo.
Mientras los tribunales definen el rumbo del litigio, el Ayuntamiento se enfrenta al riesgo de una derrota legal costosa y una pérdida de legitimidad frente a sus trabajadores sindicalizados, quienes podrían encontrar respaldo ciudadano ante la percepción de abuso y arbitrariedad institucional.
