PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pesar de las reiteradas declaraciones del alcalde Jacobo Rodríguez sobre un supuesto "sabotaje" al sistema de alumbrado público, su administración no ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades competentes ni ha ofrecido evidencia concreta que respalde dichas acusaciones.
El edil aseguró este miércoles que los daños acumulados podrían ascender a un millón de pesos, aunque reconoció que no existe una cifra exacta. "Lo que más nos pega es en el tiempo que pierde el equipo de alumbrado público", expresó, minimizando el impacto económico y enfocándose en lo operativo.
A pesar de contar con más de 200 cámaras de videovigilancia distribuidas por la ciudad, el municipio no ha logrado identificar a ningún responsable, lo que cuestiona seriamente la versión oficial del presunto sabotaje. Las fallas en la red de alumbrado han sido frecuentes durante los últimos meses, afectando a colonias completas y provocando quejas ciudadanas constantes, sin que se haya dado con los autores ni se hayan implementado medidas legales.
En declaraciones previas, el propio alcalde sugirió públicamente al Sindicato de Obras Públicas como posible responsable:
"Pudiera sospechar, claro que sí. Pudiera sospechar a lo mejor de algunos de los trabajadores del Sindicato. ¿Por qué no? Si ellos saben perfectamente dónde cortar para apagar toda una avenida. No tengo la certeza, pero sí, claro que esa es mi sospecha", afirmó a finales de julio.
Estas afirmaciones han sido fuertemente cuestionadas por carecer de sustento legal, especialmente al provenir de una figura de autoridad que no ha iniciado ningún proceso jurídico contra los presuntos saboteadores.
La ambigüedad del discurso oficial se profundiza con frases como:
"Cuando tú quieres hacer una maldad, vas a verificar que no te estén viendo", con la cual el alcalde justificó la falta de resultados en las investigaciones.
En lugar de emprender acciones concretas o estrategias preventivas, la administración ha optado por un discurso especulativo, que evade el debido proceso y deslinda responsabilidades, mientras los apagones persisten y los recursos públicos se destinan a reparaciones sin una solución definitiva a la vista.