Aunque Córdova no expuso más detalles durante su ponencia, fuentes del INE confirmaron que esa circular fue emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), a cargo de Eduardo Gurza, quien ha sido señalado de tener vínculos con el PRI.
También Alfredo Figueroa, dirigente de la iniciativa Ahora, declaró el pasado 25 de julio que dicho documento fue circulado una semana antes de la jornada electoral del 4 de julio por parte de la UTF, razón por la cual acusó a Gurza de “dinamitar” la revisión de los gastos de campaña.
Córdova reconoció que había sido una “conquista” del INE ante el Tribunal Electoral federal lograr establecer el criterio de que cualquier elemento no reportado por los partidos en el SIF podría ser considerado en los gastos de campaña durante el proceso de fiscalización.
“Infortunadamente, hubo una circular emitida por la autoridad electoral en los procesos de fiscalización pasados en donde se autorizó a los partidos políticos a contravenir este principio y a no cargar en el Sistema Integral de Fiscalización, o en todo caso, no entregar a la autoridad electoral toda la documentación que tenía que ver con los comprobantes de gratuidad en la función de representantes de casilla o representantes generales de los partidos políticos durante la jornada electoral”, expuso.
El consejero presidente explicó que el Reglamento de Fiscalización supone que los partidos efectúan un pago a sus representes de casilla, a menos que presenten un formato, llenado por el representante con sus datos personales y firmado, e incluso con una copia anexa de su credencial de elector, en el que acredita que su trabajo fue gratuito.
Abundó que cada registro que no consta en el SIF orilla al INE a calcular una media o una matriz del costo pagado para contabilizarlo como gasto no reportado y sumarlo a los topes de gasto de campaña, a fin de verificar que no haya existido un rebase, lo cual es causal de nulidad de una elección.
“Insisto, infortunadamente existió esta circular, que abrió la puerta justamente a lo que hoy está en curso, es decir, tener que hacer un procedimiento oficioso que implicó la recepción de información y de documentación de los partidos políticos fuera de los plazos establecidos del Reglamento de Fiscalización. Y lo digo con toda la vocación autocrítica que sea posible”, dijo.
Córdova anticipó que, a raíz de este error, antes del inicio del proceso electoral de 2018, el Consejo General hará reformas a fin de que todas las erogaciones no registrados en el SIF no sean considerados como gastos de campaña.
“Esto no puede volver a ocurrirnos en los futuros procesos electorales, por eso mismo, de las normas que están por afinarse en los próximos días antes de que el ocho de septiembre arranque el proceso electoral, están justamente modificaciones al Reglamento de Fiscalización para determinar que nada que no esté en el Sistema, o en caso de falla del sistema, entregado en los tiempos a la autoridad electoral, podrá ser contabilizado o analizado para efectos de la revisión de los gastos de campaña”, señaló.
