Una red de funcionarios de Quintana Roo, ligada a Roberto Borge, ayudó al exgobernador a despojar a sus dueños de 44 hoteles y 19 terrenos de playa en Tulum, cuyo valor supera los 615 millones de dólares.
Se trata del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero; Gustavo Efraín Chan Camaal, Juez Primero Civil de Playa del Carmen, y Carlos Lima Carbajal, director del Registro Público de la Propiedad, de acuerdo con la Asociación de Colonos Hoteleros Turístico Ecológico Pino Suárez, afectados por los desalojos.
Además, acusan a la actuaria María Elena Anaya Reyes, quien acompañada de policías ejecutaba los desalojos.
Esta serie de irregularidades, según los afectados, fue originada por Hernán Zetina Albertos, Notario Público 33 de Mérida, Yucatán, quien autorizó un fideicomiso y subdivisión del predio de playa, mediante escrituras ilegales que emanan de un decreto presidencial no existente a nombre de Antonio González Avilés desde el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952).
La agrupación, que aglutina a los posesionarios despojados de sus hoteles, denunció los hechos ante la PGR y señaló que esa red operó con órdenes judiciales derivadas de documentos y contratos de arrendamiento falsos.
