FRONTERA COAH.- En el caso de Ruby quien fue sentenciada en el mes de diciembre y que debido a un amparo quedó en libertad imponiéndole el brazalete electrónico, hasta este momento no ha realizado el pago mensual de 8 mil 500 pesos lo que podría beneficiar a las víctimas pues pudiera regresar a prisión.
Lo anterior lo dio a conocer Juanita Olalde; abogada de las víctimas, dijo que en el juicio de amparo se advirtió en el juzgado federal que Ruby no ha realizado el pago, que en caso concreto ha sido omisa y después se notificó a las víctimas otro amparo que ella presentó por ese pago del dispositivo electrónico, debido a que no se ha realizado el pago y no se ha llegado a la audiencia del nuevo amparo lo que se requiere al juzgado por parte de las víctimas es que se informe a Ruby que si no paga el dispositivo le van a revocar esa medida cautelar.
Ruby es susceptible de tener otra audiencia de revisión de medidas y en el caso concreto generar una devolución de ella a prisión. Ahorita están en espera de que el juzgado federal notifique de dicho escrito para notificarle a ella, Juanita Olalde mencionó que no lo dice ella ni la víctima, la ley aplica para todos y aplica para ella, por eso buscan que el juzgado haga valer esa ley y se haga lo conducente.
Hay dos tiempo, cuando se presenta el escrito la ley le da al juzgado 3 días para que notifique y un segundo momento dependiendo la notificación que sea, pueden ser 48 horas, están en el tiempo límite para efecto de que se haga la notificación correspondiente.
Se interpuso un recurso en contra de la resolución que emitió la juez quinto de Distrito donde la deja en libertad porque se precisa que tenía que pagar una cantidad al juzgado federal y esa sí la pagó y en el Juzgado Penal no está pagando.
"¿Qué es lo que pasa?, lo que mis víctimas hacen simple y sencillamente impugnar, porque si no hacen nada la situación va a seguir igual por lo que básicamente nos estamos defendiendo con los recursos que la propia ley nos da", señaló la abogada.
Dijo que además de informarle que tiene la obligación de pagar pero también se busca verificar sí Ruby ha cumplido con las condiciones que impuso el juzgado, su geolocalización y sí en determinado momento ha incumplido o si no se puede saber de ella por la falta del corte de geolocalización, esto le afecta porque la esencia del dispositivo electrónico es saber dónde está y cuál es su rango de acción al no saberlo creer una incertidumbre para todo mundo y más para el juzgado y para las víctimas porque están ante una sentencia, en el tiempo para que se impune pero ya están dentro de un proceso penal.
La licenciada dijo desconocer cuál sea la estrategia jurídica pero ella como representante de la víctima lo único que hace es actuar conforme a lo que indica la ley.
