Frente a él se llevaron a sus vecinos, los Garza
Saltillo, Coahuila.- En relación a los hechos ocurridos el mes de marzo del año 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, ha realizado diversas investigaciones y segmentado en varias etapas la investigación; prueba de ello es la tercera etapa, que consistió en la consignación del exalcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez y otras personas, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
La detención del exfuncionario fue en acatamiento a una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial en razón de que la subprocuraduría ofreció elementos de prueba que demuestran la forma de intervención como cómplice por omisión y derivado de las diversas diligencias desahogadas en la etapa de averiguación previa, se advierte que el ex-Alcalde del municipio de Allende, Coahuila, tuvo conocimiento que personas pertenecientes a un grupo delictivo, el día 20 de Marzo de 2011, allanaron un domicilio de la familia Garza, donde con lujo de violencia privaron de la libertad a tres integrantes, para trasladarlos al rancho conocido como Los Garza, ubicado en la carretera Allende-Villa Unión; consintiendo el ex alcalde estos actos ya que se encontraba en el exterior de su domicilio, frente al domicilio de la familia Garza.
Además, derivado de las indagatorias, previamente a la comisión de estos hechos, tuvo conocimiento de que los mismos iban a ocurrir toda vez que el ex-Alcalde y otro funcionario de ese momento, tuvieron una reunión con elementos del grupo delictivo, quienes les informaron sobre los ilícitos que iban a realizar los subsecuentes días, donde acordaron no intervenir para facilitar su comisión, pues dolosamente omitió llevar a cabo acciones tendientes para evitar en lo posible la lesión al bien jurídico tutelado por la norma que en la especie lo es la libertad.
En su calidad de servidor público, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, tenía el deber jurídico de actuar en función de su cargo, como lo es velar y preservar la seguridad pública.
Con estas acciones el Gobierno del estado de Coahuila reitera su compromiso: No habrá tolerancia a la impunidad a fin de garantizar la paz y la seguridad jurídica de la sociedad coahuilense.
