Es para garantizar, fortalecer y promover los derechos de las víctimas del delito
Saltillo, Coahuila.- Para garantizar, fortalecer y promover los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos fundamentales, se aprobó la Iniciativa propuesta por el gobernador Rubén Moreira Valdez para homologar la Ley de Víctimas del Estado de Coahuila con la normatividad federal en la materia.
En concordancia a las políticas promovidas por la administración estatal donde los derechos humanos son una de las más altas prioridades, las reformas y adiciones aprobadas este lunes por el Congreso del Estado a la Ley de Víctimas del Estado garantiza el derecho a la asistencia, la protección, atención, verdad, justicia y reparación integral así como la debida diligencia.
Con la iniciativa del Ejecutivo Estatal y aprobada por el Poder Legislativo, se fortalecen las figuras de reparación del daño y compensación de las víctimas.
También se fortalecen los mecanismos de acceso al fondo y otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.
De acuerdo a la iniciativa propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdez y aprobada en el dictamen del Pleno del Congreso del Estado, la estructura de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas será modificada al pasar de cinco comisionados a uno.
Con ello, se creará la figura del Presidente de la Comisión Ejecutiva y cuyo nombramiento será designado por el Congreso del Estado de entre una terna de candidatos propuestos por el Gobernador del Estado y su conformación será a través de una consulta entre los interesados en ocupar el cargo y con la opinión de grupos representativos de derechos humanos y de la academia.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva durará en el cargo 7 años, con posibilidad de ser ratificado por un período igual.
La iniciativa aprobada señala que la Comisión Ejecutiva contará con un Consejo Consultivo a fin de funcionar como un órgano de consulta para el Presidente de la Comisión en cuanto a sus actividades y atribuciones establecidas en esta legislación.
Su integración corresponderá a cuatro representantes de la sociedad civil, colectivos de víctimas y organizaciones civiles locales, nacionales o internacionales, y tres representantes del servicio público o de centros de docencia o investigación, especialistas en los temas competentes de la Comisión.
