Una huelga de un sector de las líneas del transporte público y de camioneros que demandan que no se cobren más peajes en carreteras y autopistas que rodean a Santiago complicaban el viernes la crisis en Chile, que desde hace ocho días vive multitudinarias manifestaciones y violentas protestas que han dejado al menos 19 muertos.
Por la tarde miles de chilenos comenzaron a reunirse para manifestarse en todo el país.
El envío al Congreso la víspera de un proyecto de ley para congelar un alza en las tarifas de la electricidad y de otro que será remitido el viernes para aumentar en 30 dólares las pensiones de los más pobres no han logrado desactivar las manifestaciones en el país, que se suceden a diario pese al estado de emergencia declarado por el gobierno.
En el vecino puerto de Valparaíso, centenares de manifestantes intentaron sobrepasar la sede del Congreso y fueron violentamente dispersados con profusos gases lacrimógenos, mientras camiones complicaban el tránsito entre la ciudad costera y Santiago.
Los congresistas y personal administrativo fueron evacuados, mientras grupos de encapuchados levantaron barricadas y lanzaron piedra contra la policía antimotines e intentaban acercarse de nuevo a la sede legislativa.
Temprano, camiones circulaban lentamente por el tramo de la ruta que une el país de norte a sur y que pasa por un costado de la capital, a los que se sumaron automovilistas y motociclistas que ondeaban banderas chilenas y letreros que decían “No+TAG”, un peaje que se paga en autopistas y carreteras construidas por privados.
En las autopistas de la capital chilena, los automovilistas pagan en promedio entre 35 y 130 dólares mensuales, dependiendo del uso. Los camiones pagan valores muy superiores por sus largos trayectos. El ministro de Transporte, Rafael Moreno, dijo que los peajes no subirán este año.
A su vez, el paro de medio centenar de recorridos del transporte público complicaba la situación de la periferia sur de Santiago, que perdió la línea del subterráneo por los saqueos e incendios de sus estaciones. Las autoridades dicen que la línea tardará casi un año en ser repuesta.
El subterráneo movía a 2,4 millones de personas a diario en sus seis líneas. El viernes sólo funcionaba el 39 por ciento de sus estaciones.
En la ciudad unos 4 mil autobuses reforzaron el transporte después del estallido social que siguió a las protestas de los estudiantes por un alza en las tarifas del metro y que derivaron en violentos saqueos e incendios de supermercados, farmacias, grandes tiendas y pequeños comercios, seguidos de multitudinarias manifestaciones en todo el país, que tiene a 12 de sus 16 regiones en estado de emergencia y toque de queda.
El presidente Sebastián Piñera anunció el miércoles una agenda social que incluye un aumento del 20 por ciento en las pensiones y del 16 por ciento en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos -que en Chile son de los más altos en la región-, y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que reciben hasta 14 mil dólares mensuales.
Este viernes el mandatario, rodeado de adultos mayores en una mesa instalada en uno de los patios de la sede de gobierno, firmó el proyecto de las pensiones mínimas que dijo que favorecerá a unas 600 mil personas con jubilaciones de 151 dólares que tendrán un reajuste de 30 dólares. Los adultos mayores en Chile superan los dos millones de los 18 millones de habitantes.
La mayoría de los chilenos gana de 400 mil a 500 mil pesos (entre 562 y 762 dólares), que no cubren las necesidades básicas.
Marta Lagos, analista política y directora de Latinobarómetro, dijo en entrevista con The Associated Pres que “esta crisis se soluciona con política, no con una lista de supermercado de políticas sociales”.
Añadió que “los fondos no están, por eso no se puede hacer sino que política, aquí tiene que haber un liderazgo que entregue una agenda distinta, con caras distintas, que sean creíbles... y que sean capaces de interpretar y conducir a la población”.
Los anuncios de Piñera no han calmado las protestas que carecen de voceros- y en las que multitudes piden alzas en las pensiones y salarios y rebajas en el costo de la educación, las tarifas de servicios y la salud.
Muchas de las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas y aumentan las denuncias de abusos por parte de la policía.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció la víspera que enviará a Chile una comisión para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos después que Piñera la invitó a visitar el país.
En tanto, Amnistía Internacional anunció el viernes el envío de un equipo para documentar “las graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización.
