SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado instará a las Fiscalías Generales de la República y de Coahuila para que lleven a cabo las acciones que estimen necesarias, para prevenir y combatir fraudes y extorsiones cometidos por medio de aplicaciones ilegales en préstamos, ya que se trata de un delito que crece velozmente en el país, y que afecta gravemente a miles de personas.
Lo anterior fue planteado por la diputada Mayra Valdés González en un punto de acuerdo aprobado en forma unánime por las y los diputados, durante la tercera sesión de la Diputación Permanente, del Segundo Periodo.
La Legisladora señaló que las aplicaciones telefónicas o Apps de préstamos personales o préstamos exprés, son mecanismos utilizados para cometer fraudes y extorsiones a gran escala. De acuerdo con las autoridades, detrás de estas aplicaciones puede estar, en algunos casos, el crimen organizado; y en otros, pequeñas bandas organizadas para realizar este tipo de delitos.
“Es decir, si atendemos a las leyes de la materia, en algunos supuestos se podría configurar lo que se conoce como delincuencia organizada, y en otros la llamada asociación delictuosa”, subrayó Valdés González.
Sostuvo que las víctimas son, en todos los casos, personas desesperadas por obtener un crédito para hacer frente a necesidades inmediatas y el gancho o trampa de estas aplicaciones, es que les dicen lo que justamente necesitan escuchar, frases como: “Dinero al momento”; “sin aval ni fiador”, “sin Buró de Crédito”; “Plazos razonables e intereses bajos”, entre otras.
Aseveró: “la trampa es muy sencilla, basada en tecnología informática, al descargar la aplicación, el usuario acepta las condiciones de ésta, las cuales eneralmente no lee ni analiza; y se destaca la autorización que el “cliente” concede a la App para recabar sus datos del celular, junto con sus datos personales y de sus contactos. Esta es la primera etapa del fraude, el delincuente o los delincuentes ya se hicieron con todos los datos el usuario”.
Agregó que, la siguiente fase, es que luego de concederle el crédito solicitado, se retractan de todas las condiciones que le ofrecieron inicialmente y exigen altos intereses, además de plazos cada vez más cortos de pago. De no poder cumplir con esto, el cliente empieza a sufrir amenazas de todo tipo, incluyendo el hacerle daño a su familia y a sus seres queridos; luego pasan a exhibir al deudor, ya sea en redes sociales o ante sus propios contactos que originalmente tomaron de su celular. Todas estas “medidas” de cobro son ilegales por que implican conductas delictivas como: intimidación y amenazas; extorsión; robo de datos personales; divulgación de información privada; invasión a la intimidad y privacidad de las personas; usura y fraude.
También se configuran conductas delictivas relacionadas con delitos financieros, al suplantar al sistema financiero nacional sin los permisos y licencias de rigor.
