Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos se mostró dispuesto a impedir que el gobierno de Joe Biden destruya el alambre de púas colocado por Texas a lo largo de su frontera con México.
El estado texano sigue adelante con una demanda en la que acusa al gobierno federal de allanamiento de morada. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en Nueva Orleans, escuchó durante casi una hora los argumentos de la apelación presentada por Texas frente a la sentencia de un juez que dijo que la ley estatal sobre allanamiento de morada no puede aplicarse al gobierno federal. La pasada sentencia también apuntó que las autoridades de migración de Estados Unidos son inmunes a la demanda del estado.
Texas demandó al gobierno de Biden el año pasado después de que agentes federales de fronteras intensificaran su práctica de utilizar carretillas elevadoras para cortar o retirar alambradas a lo largo de un tramo de 47 kilómetros del río Bravo, por donde muchos migrantes cruzan la frontera ilegalmente.
En diciembre, un panel del Quinto Circuito suspendió la sentencia del juez y prohibió la destrucción de la valla a la espera de la apelación del estado, alegando que el gobierno de Biden no era inmune a la demanda. La Corte Suprema suspendió esa decisión unas semanas más tarde, mientras proseguía el litigio.
Dos de los tres jueces que escucharon los argumentos este jueves formaban parte del panel que emitió la sentencia de diciembre a favor de Texas. Uno de ellos, el juez de circuito Kyle Duncan, dijo que los funcionarios federales son inmunes a las demandas relacionadas con la ejecución válida de sus funciones. Pero los agentes federales retiraron el vallado para facilitar el cruce de la frontera, no para impedirlo, destacó.
La Patrulla Fronteriza no estaba cortando la valla para detener migrantes o evitar la entrada ilegal, era todo lo contrario, dijo Duncan, designado por el expresidente republicano Donald Trump.
Melissa Patterson, del Departamento de Justicia, dijo al panel que los agentes de la patrulla fronteriza no tienen autoridad para enviar a los migrantes de regreso a México, y que, en cambio, sus deberes son detener y procesar a los migrantes que pueden solicitar asilo u otras formas de la deportación. El procurador general de Texas, Aaron Nielson, rebatió ese argumento, afirmando que los agentes sí tienen potestad para disuadir a los migrantes de cruzar a Estados Unidos.
El martes, Biden estableció una amplia prohibición de asilo para los migrantes que crucen de forma irregular la frontera entre Estados Unidos y México, una importante medida coercitiva en un momento en que la migración sigue siendo uno de los principales problemas para los votantes de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
