Entre las personas que recibieron el aval para una notaría pública están: Lizbeth Ogazón Nava, diputada local por Morena; José Guillermo Anaya Llamas, ex legislador federal y candidato del PAN a gobernador del estado; Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública; Jesús Homero Flores Mier, fiscal Anticorrupción, y Azalea Maldonado Wong, directora del Instituto Coahuilense de la Juventud.
También destacan: Yezka Garza Ramírez, coordinadora del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y ex procuradora para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif); Leonardo Jiménez Camacho, director del Colegio de Bachilleres de Coahuila; y Enrique Flores Ruiz, director de Notarías, quienes recibieron el visto bueno del Congreso del Estado para ejercer la fe pública.
En el oficio enviado por el titular del Ejecutivo estatal al Congreso del Estado, para que analizarán las propuestas y las dictaminaran, se indica que acreditaron cumplir con los requisitos para obtener el fiat y ejercer la función notarial, por lo que se emite función favorable, sin inconveniente para el ejercicio de la fe pública.
Se argumentan indicadores que diputadas y diputadas debieron tomar en cuenta, como las condiciones socioeconómicas de la entidad que en los últimos 6 años ha mantenido un promedio de 32 mil empresas que por año aportan al Infonavit, y los 913 mil trabajadores registrados ante la institución en el 2022, con 15 mil 803 créditos hipotecarios tramitados.
A junio pasado, los trámites sumaron 11 mil 078, mientras que en el 2018 fueron 19 mil 322, en el 2019 alcanzaron 20 mil 374 y a partir de ahí hubo un descenso.
Sobre el volumen de actos que requieren intervención notarial, durante los últimos seis años en Coahuila se realizaron en promedio 94 mil escrituras por año y 18 mil actas Fuera de Protocolo, lo que representa un promedio de 421 actuaciones por notario y por año, tomando en cuenta las 273 notarías en funciones.
En 2017 había en Coahuila alrededor de 30 mil 600 empresas y conforme pasan los años aumentan las fuentes de empleo y el número de trabajadores, pues en el 2017 se contabilizaron más de 856 mil.
El documento refiere que en Coahuila la función notarial cobra relevancia porque garantiza la seguridad y la certeza jurídica del patrimonio de las familias. Las funciones del notario protegen contra fraudes y engaños que ponen en riesgo los bienes y acercan a la ciudadanía a la justicia social.
Fenómenos como el “nearshoring” y una economía local pujante requieren de instituciones fuertes y ordenadas que obliga a modernizar y reorganizar el ejercicio del notariado, en lo relacionado a la oferta y demanda de los servicios de fe pública y la necesidad de una disminución del gasto que erogan los coahuilenses en los servicios que brindan certeza legal, bajo un modelo de competitividad.
