Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero iniciaron una caravana por todo el país, para pedir justicia, además de exigir al gobierno federal entregar vivos a sus hijos. Ayer estuvieron en Monclova.
El vocero oficial de los padres, de los 43 desaparecidos, Don Carlos, dijo que han viajado cientos de kilómetros divididos en tres grupos, los cuales van al norte, al sur y al bajío, y su finalidad es pedir justicia antes los hechos que vivieron el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
“Nunca más volveremos a votar por el gobierno opresor, quienes desaparecieron a nuestros hijos, junto con el Presidente de la Nación, Enrique Peña Nieto”, exclamaron los padres de familia, antes de iniciar la entrevista.
Mencionó que mes tras mes, realizan una jornada, y ahora se encuentran a 41 meses que no saben nada de los estudiantes, a ellos les tocó recorrer el norte del país, todavía falta que vayan a Chihuahua y Baja California Norte para descansar en Mexicali.
EL MIEDO ES UNA PALABRA QUE YA NO EXISTE PARA ELLOS
El viajar cientos de kilómetros así como lanzar todo su re pudio en contra del Gobierno Mexicano, no les da miedo ya viajar por todo el país, pues dijeron que la palabra miedo ya no existe para ellos, no temen que sea el mismo gobierno que los ataque, mucho menos que les preparen una emboscada.
Margarito Ramírez Solís, originario de la Costa Chica de Guerrero, dijo que él y su familia son de condiciones muy humildes y que jamás pensó que su hijo fuera a desaparecer, ya que solo quería seguir estudiando para ser maestro.
“Nosotros sabemos que fue el mismo Gobierno que se llevó a nuestros hijos, pero seguimos en pie de lucha, queremos que nos los entreguen vivos, pues vivos se los llevaron”, mencionó don Margarito Ramírez.
ORGANIZACIONES DESINTERESADAS LOS AYUDAN CON SUS GASTOS
A más de tres años del hecho, la causa ya estalló fuera de sus fronteras, los pueblos de América Latina se unen a sus padres, sus madres, sus hermanos y sus amigos, gritándole al mundo: Nos faltan 43.
Ante los nulos avances, la asamblea de padres de los 43 normalistas difundió un video a través de las redes sociales en el que comunicaron su decisión de acudir a la CNDH, en vista de que la PGR “no ofrecía garantías de respuestas a los planteamientos de la reunión del pasado nueve de febrero”, según denunciaron en el registro audiovisual.
Además, los familiares de las víctimas denunciaron que el Gobierno Federal había abordado la estrategia de “administrar y prolongar” el tema, develando su “clara intención de querer darle carpetazo” (cerrar el caso).
El pueblo de México empezó a ayudarlos de manera desinteresada y aclararon que no dejan que los partidos políticos se acerquen a ellos, pues ellos no los aceptarán, que al principio el Gobierno les ofrecía dinero, pero ellos jamás lo aceptaron.
“No hay dinero que valga el amor de un hijo, queremos a nuestros hijos de vuelta a nuestro lado, para poder abrazarlos, somos humildes, mas no nos interesa que nos den su dinero, eso lo hacen para querernos callar”, exclamaron.
EL RECUENTO DE LOS HECHOS
El día del ataque, los casi cien jóvenes viajaban en autobuses que previamente habían secuestrado para llevarlos a sus escuelas como un plan para asistir a la marcha que se efectuaría días más tarde.
Del centenar que iba repartido en los vehículos, dos eran de tercer año, seis de segundo año, y el resto, estudiantes de primer año que iniciaban apenas sus estudios en la escuela rural.
Un grupo de alumnos bajó de los camiones para forcejear con los policías y lograr pasar, pero los uniformados abrieron fuego contra ellos, hiriendo gravemente a Aldo Gutiérrez Solano y matando a Daniel Solís Gallardo.
El resto de sus compañeros huyó a esconderse entre medio de los vehículos, varios de ellos sobrevivieron; los que no bajaron de los autobuses fueron los que corrieron la peor suerte, siendo detenidos por la Policía de Iguala.
El segundo episodio se registró cuando la noticia del primer ataque corrió veloz entre los compañeros que aún estaban en Ayotzinapa, quienes acudieron al lugar junto a profesores para ayudar a los estudiantes heridos o escondidos en el camino y denunciar la situación.
A eso de la medianoche y mientras permanecían allí, fueron atacados por un grupo de policías que los repeló con ráfagas, los jóvenes César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuente fueron asesinados.
Paralelamente, en la autopista a Chilpancingo a la salida de Iguala, otro grupo de uniformados disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo de la tercera división, creyendo que era un camión secuestrado por los normalistas.
Los deportistas David García Evangelista de 15 años de edad, Blanca Montiel Sánchez pasajera de un taxi que pasaba por el lugar y Víctor Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores, murieron en la represalia.
Desde ese momento, a los 43 estudiantes que fueron secuestrados por la policía se les perdió el rastro.
MÁS QUE IMPUNE SU CASO
Desde el primer día, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) ha participado en la causa, algunas naciones de la región se han sumado a la demanda, incluyendo a Venezuela, que llevó el caso a la ONU en junio de este año.
Poco han pesado también los llamados internacionales de reconocidos artistas y organizaciones sociales y de Derechos Humanos, además, las investigaciones han seguido un curso ambiguo y arbitrario según denuncian los querellantes, incluyendo varios episodios en los que el caso ha estado a punto de cerrarse, en un constante desentendimiento por parte de las instituciones que, mutuamente se responsabilizan del crimen.
Las críticas al rol del Gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto al desinteresado manejo del caso, han sido la tónica que marcaron estos últimos tres años; en los que los atropellos físicos y morales contra los familiares no cesaron.
De hecho, destacaron que más de 120 personas han sido detenidas durante la investigación, pero solo 70 de ellas fueron formalizadas por su participación en los hechos, sin lograr concretar una responsabilidad directa ni tampoco esclarecer los sucesos posteriores a las detenciones y el paradero de los cuerpos de los estudiantes.
“Es más, desde el secuestro colectivo, tres personas han encabezado la Procuraduría General de la República: Jesús Murillo Karam, Areli Gómez y actualmente Raúl Cervantes, todos ellos fueron severamente cuestionados por la forma en que han llevado las investigaciones, pues en el hospital Cristina nos hicieron que ahí estuviéramos para saber noticias y nunca nos dijeron nada”, comentaron.
La mentira más grande que les hicieron a los padres de familia, fue de que en un basurero se había registrado una fogata enorme, donde probablemente pudieron haber quemado a los jóvenes, y expertos en perito forense de Argentina recolectaron muestras así como en el río San Juan en Guerrero y no encontraron nada.
