Ciudad de México.- Una jueza federal negó a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero y la ficha roja girada por la Interpol, derivado del Caso Agro Nitrogenados.
Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, determinó que el mandato de captura y la notificación de la Interpol cumplen con todas las formalidades que exigen las leyes en la materia.
Según informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), la juzgadora consideró que para sustentar una aprehensión no se requiere acreditar tipo penal, sino sólo ofrecer datos que hagan presumir que se cometió el hecho delictivo y que el imputado pudiera haber participado.
Además del mandamiento judicial, Ancira Elizondo también reclamó en esta demanda la elaboración, suscripción y publicación de la ficha roja para búsqueda internacional con fines de detención, registrada en el expediente A-5897/5-2019.
En virtud que la orden de aprehensión se considera justificada y de que la ficha roja deriva de dicho mandato, la juzgadora desestimó concederle la protección de la justicia al empresario contra los actos de la Interpol.
La defensa de Ancira Elizondo ya presentó un recurso de revisión contra la sentencia dictada el pasado 26 de noviembre por Ortega Tlapa, por lo que será un tribunal colegiado de circuito el que decida en definitiva la procedencia del amparo.
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Por lo pronto, el propietario de la acerera continuará sujeto a un juicio de extradición en España, mismo que lleva en libertad provisional.
Ancira Elizondo fue detenido el 28 de mayo en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, apenas tres días después de que un juez de control del Reclusorio Oriente ordenara su aprehensión por lavado de dinero.
Al día siguiente fue encarcelado, pero el 28 de junio la Audiencia Nacional de España le concedió la libertad provisional en el juicio de extradición.
La orden de aprehensión tiene como antecedente una denuncia presentada el 5 de marzo por Petróleos Mexicanos (Pemex), que acusó un daño a su patrimonio porque la administración de Emilio Lozoya compró en 273 millones de dólares a AHMSA la planta chatarra en Veracruz.
En octubre pasado, un tribunal federal ordenó suspender por tiempo indefinido el bloqueo de cuentas bancarias de Ancira Elizondo.
También instruyó suspender en los mismos términos los congelamientos de las cuentas bancarias de las empresas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani, de las que Ancira Elizondo es apoderado y que fueron bloqueadas en el mismo acto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió conceder a Ancira Elizondo y las compañías la suspensión definitiva contra el congelamiento de la UIF al estimar que esta medida incumple con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
