CIUDAD DE MÉXICO.-Una juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Alonso Ancira, lo que abre la posibilidad de que el empresario no sea encarcelado en México por este caso específico en caso de ser extraditado por España durante la vigencia de esa protección.
En España, el empresario enfrenta un juicio de extradición privado de su libertad y esta protección judicial notificada esta mañana no cambiará esa situación, ya que la suspensión sólo es aplicable en el territorio nacional.
Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión y la ficha roja de la Interpol.
Dicha determinación la notificó esta mañana, luego de que el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza y la Fiscalía General de la República confirmaran por escrito a Cervantes Mejía de la existencia del mandato de captura contra Ancira Elizondo.
La aprehensión contra el empresario fue girada el 25 de mayo pasado por el citado juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien también instruyó las capturas de Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana por lavado.
Los hechos imputados son la compra que hizo en diciembre de 2012 el ex director de Pemex de su casa de Lomas de Bezares, en 38 millones de pesos; y la venta que hizo AHMSA de la planta Agro Nitrogenados a Pemex, en diciembre de 2013, en 273 millones de dólares.
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Ancira fue capturado el 27 de mayo en Mallorca, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición. Desde entonces, el empresario está preso y no ha dado señales de pretender allanarse a la solicitud mexicana, para ser repatriado de inmediato.
La suspensión definitiva notificada esta mañana sólo le sería útil si, durante el periodo de su vigencia, Ancira fuera entregado a México y se presentara ante el juez Zúñiga para enfrentar la imputación. En ese caso, la FGR no podría privarlo de su libertad al llegar al país por el caso particular de lavado.
Si bien la juez Cervantes Mejía le impuso la obligación de presentarse ante el juez de control en un plazo de tres días o, de lo contrario, cancela la suspensión, lo cierto es que si la defensa del empresario impugna el acuerdo de cancelación, la protección continuaría vigente hasta el pronunciamiento de un tribunal colegiado, lo que puede implicar varios meses.
