Una total falta al artículo 123 de la ley Federal del trabajo es la que ha incurrido la empresa nacional del ramo zapatero recién aperturado en nuestra ciudad, donde existen quejas de parte de empleados y ex empleados, incluso de un ex gerente regional que sólo laboró tres días en este consorcio, al ser testigo de la ilegalidad en que se desempeñan los encargados de las sucursales, que son personas sin previa preparación profesional para desempeñarse como gerentes de tienda y de recursos humanos.
Prueba de ello es el caso de una trabajadora que acudió a solicitar su atención médica el pasado 6 de febrero del presente en la unidad médica de consulta del IMSS 79 y cuál fue sorpresa que no estaba registrada; por lo que acudió a su fuente laboral y la dieron de alta, pero a partir del 3 de febrero.
Cabe aclarar que las empresas pueden dar de alta a trabajadores hasta cinco días después o antes de la fecha de ingreso sin caer en la ilegalidad, pero en el caso de esta trabajadora, ella tiene trabajando en la empresa desde noviembre del año pasado.
Acudió a esta mesa de redacción con documentos en mano donde en efecto se corrobora que recibe su aportación semanal de mil pesos vía tarjeta de nómina del banco Santander y el documento de aportaciones del IMSS y claramente se ve la fecha de alta, el 3 de febrero del 2020; sin embargo, no ha recibido su sueldo desde que tuvo el accidente en un elevador al quedar su pie prensado.
Asimismo, se señaló al gerente de tienda de nombre Juan Carlos Castañeda, quien es señalado como una persona sin la más mínima educación y conocimientos de su puesto, al señalarlo como un “cacique” que grita, truena dedo y maltrata al personal de tienda, que aun cuando la misma Federación cambió la ley laboral donde ya no se permite el tiempo extra los deja en horarios de 12 horas o más sin goce de sueldo.
Cabe recalcar que estas empresas nacionales son un claro ejemplo de cómo traicionan la confianza del ejecutivo estatal y municipal al maltratar a la mano de obra local que por necesidad busca permanecer en estos establecimientos por el buen ingreso en las comisiones de ventas, pero sí es un abuso al despoblado al no darles el derecho de contar con seguridad social a sus trabajadores.
Aquí también resalta la interrogante por parte de los afectados si existe complicidad y "moche" con funcionarios de la Secretaría del Trabajo que tal y como lo dice su página oficial y código de transparencia "Es la encargada de ejecutar, diseñar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, las agrupaciones de trabajadores, los derechos sociales y labores emanados de los mismos" situación que no están realizando en el caso de este corporativo nacional.
Por su parte, en las publicaciones de la misma página oficial de ST dice que "La seguridad social de los trabajadores es un derecho de ley para que reciba una atención médica gratuita y de calidad, además de ser incorporado al Instituto mexicano del Seguro Social para que a su vez cuente con un fondo para su retiro" donde una vez se evidencia que no cumplen con una obligación con sus trabajadores.
Por lo pronto, al ser cuestionados ante esta situación sólo se refieren como no estar autorizados para dar declaraciones y que lo informarán a sus superiores.
