ALLENDE. En una redada, la DEA decomisó más de 800 mil dólares en efectivo que iban ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo conducido por uno de los miembros del cártel de Los Zetas, quien identificó a su jefe como José Vázquez Jr., alias El Diablo. Vázquez Jr. era el distribuidor de cocaína más grande de Los Zetas en Texas, por lo que los agentes estadounidenses lo vieron como una gran oportunidad para llegar a los líderes del cártel y capturarlos.
La DEA presionó a El Diablo con la amenaza de meter a la cárcel a su esposa y su mamá si éste no les proporcionaba información de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42. Éste aceptó y convenció a Héctor Moreno, otro miembro de Los Zetas, de entregarle los números de rastreo de los teléfonos celulares de sus jefes.
Moreno se encargaba de comprar celulares nuevos cada 15 días a los Treviño Morales para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.
El Diablo entregó a la DEA la información de los celulares y estos compartieron los datos con una unidad de la Policía Federal de México. Sin embargo, los agentes mexicanos informaron al cártel sobre la filtración de información, lo que desató la rabia de los líderes.
El cártel de inmediato supuso que Héctor Moreno y otro hombre identificado como José Luis Garza habían sido los soplones. Garza era de Allende y formaba parte de una familia adinerada que se dedicaba a la ganadería y minería de carbón. Los hermanos Treviño Morales planearon la venganza en contra de sus delatores, enfocando primero su artillería en contra de la familia Garza y cualquiera que tuviera algún vínculo con ella.
Así fue que el viernes 18 de marzo decenas de criminales llegaron a Allende, localizaron las propiedades de los Garza y asesinaron a todo aquel que estaba en su interior.
Para la noche se podían ver las llamaradas a lo lejos que salían de los ranchos. Los sicarios no hicieron distinción: hombres y mujeres, ancianos y niños, todo aquel con apellido Garza y que tuviera relación con la familia fueron desaparecidos y asesinados. Incluso arremetieron contra personas que nada tenían que ver con los Garza y su único error fue haber estado esa noche en la calle.
La mañana del sábado 19, retroexcavadoras comenzaron a demoler bodegas, casas, negocios y quintas de descanso.
Luego, los criminales incitaron a los pobladores a que las saquearan. Familias enteras entraron a las fincas por televisores, electrodomésticos, muebles y hasta el cableado. No quedó nada.
Del 18 al 22 de marzo en Allende y Piedras Negras se recibieron en el Sistema de Emergencias 089 un total de mil 451 reportes de auxilio que nadie atendió.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía municipal de Allende participó activamente en la desaparición de personas, como lo detalló en la recomendación 10-VG/2018.
Después de consumar la masacre, el pueblo enteró calló por años. Aunque era un secreto a voces, nadie hizo nada. Ni autoridades ni fuerzas de seguridad se atrevieron a enfrentar al que era entonces el cártel más poderoso y sanguinario del país, pese a que algunos familiares de las víctimas habían interpuesto denuncias en la agencia del Ministerio Público en Piedras Negras.
En la mayoría de los casos de desaparición los familiares no denunciaron por temor de ser rastreados y asesinados.
Fue hasta principios de 2014 cuando se hizo pública, a través de los medios de comunicación, la masacre ocurrida en Allende en 2011.
La ahora Fiscalía General de Justicia tiene registro de 28 personas desaparecidas en ese fin de semana y 42 entre enero del 2010 y agosto del 2012. La cifra se basa en las denuncias que recibió la dependencia.
Activistas y colectivos de búsqueda de desaparecidos estiman que pudieron ser cientos las víctimas de aquel fin de semana, pero a la fecha, el número es impreciso.
