SALTILLO, COAH.- En Coahuila existe un padrón de alrededor de 200 padres deudores de pensión alimenticia y 18 mujeres que también han incumplido en el pago de alimentos para sus hijos; dicho registro dará celeridad una vez que entre en vigor la ley que les prohíbe tramitar documentación como la credencial de elector o el pasaporte, tal y como lo dispusieron en la Cámara del Senado.
Lo anterior lo dio a conocer el Presidente Magistrado del Poder Judicial, Felipe Mery Ayup y destacó que Coahuila fue el primer Estado en donde se elaboró el registro de personas deudoras alimentarias: “Si bien no está en la legislación, pero fue una política aplicada a través del Poder de la Judicatura y que han sido justamos por la vía penal al faltar a sus obligaciones como padres”.
Mery Ayup añadió que los Senadores aprobaron la ley de cancelación de varios derechos precisamente por incumplir con una obligación de alimento: “No hemos sido noticiados aún con el documento final para comenzar a aplicarlo, pero en Coahuila tenemos un gran avance con el padrón que conforman poco más de 200 deudores”.
El funcionario señaló que el proceso marca inicialmente que aquellos padres y madres que no aporten los recursos para los alimentos de sus hijos, entrarán a un padrón cuya información se compartirá con dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la expedición de licencias de conducir para que se les nieguen los documentos y aplica desde el primer mes de no cumplir con la pensión.
Como se recordará, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad, un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país; la propuesta, avalada con 86 votos y enviada al Ejecutivo federal, plantea crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.
