Sabinas, Coahuila.- Documentos oficiales e información proporcionada por mineros sobrevivientes, prueban que el carbón extraído de la cueva siniestrada en Rancherías era enviado por la empresa Carkim Industrial S.A. de C.V. a las termoeléctricas de Nava, para cumplir el contrato adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad el 20 de agosto de 2020.
El hecho lo ha pretendido negar Manuel Bartlett Díaz, Director de la CFE, a quien se responsabiliza directamente de impulsar la extracción de carbón a través de cuevas y pozos rudimentarios, que no cumplen con la normatividad básica y presentan una suma de riesgos que llevan a siniestros como la inundación ocurrida el pasado 4 de junio en Rancherías, que causó la muerte de siete mineros.
De acuerdo con los testimonios recabados entre trabajadores, otros empresarios y documentos oficiales del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, las seis cuevas de arrastre existentes en la zona del Menor, aledañas a Rancherías, eran operadas indistintamente o en conjunto por las empresas Rodamientos y Equipos de Sabinas, Micarán y Carkim Industrial.
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Aunque para la inscripción de las empresas “hermanas” en Coahuila y en Jalisco se utilizaron prestanombres, según se documentó anteriormente, los trabajadores – y el conocimiento general- identifican como responsables directos a Eduardo Rubén Morales, quien está registrado como Gerente General de Carkim, y Gerardo Nájera, quienes además violando la ley destinaban a una u otra operación a los obreros, sin importar su adscripción formal.
Esta situación ilegal se constató al cotejar los registros del IMSS con el listado de trabajadores que se encontraban laborando al momento del siniestro y se encontró que varios de ellos habían sido registrados no por la empresa Micarán, sino bajo las razones sociales de Rodensa y Carkim.
Es el caso, por ejemplo, del trabajador Daniel Ernesto Pecina Franco, que trabajó para las cuevas de Rodensa desde el 11 de enero del 2021 pero estaba en ese tiempo registrado por Carkim y sin comunicárselo el 5 de marzo fue dado de baja, para el 26 de marzo ser afiliado como obrero de Rodensa.
En el domicilio declarado por la empresa Carkim Industrial S.A. de C.V. ante la Comisión Federal de Electricidad, opera realmente una cervecería.
Sin dejar de trabajar, por ese manejo de los empresarios el trabajador Pecina Franco al igual que otros de sus compañeros estuvieron laborando sin protección social, como también se comprobó en los casos de tres de los siete mineros fallecidos el 4 de junio, que solo fueron afiliados horas después de ocurrido el siniestro.
INFONOR posee los registros oficiales del IMSS en que se denotan las mismas condiciones de ilegalidad para otros obreros sobrevivientes de Micarán, quienes solicitaron reservar sus nombres, ya que entre los propietarios de pozos y cuevas corre una lista negra de mineros calificados de “belicosos”, a los que se les niega cualquier posibilidad de empleo.
En dichos registros se señalan como pagos cantidades de salario base que fluctúan entre 128 y 148 pesos diarios, aunque los trabajadores coinciden en que cada semana “en un sobre amarillo” se les entregaba en efectivo un promedio de 3 mil pesos.
“Chiquilín”, seudónimo familiar de uno de los trabajadores destinados a la cueva de Micarán, reveló que por los días de la semana trabajados antes del siniestro y la semana en que se sumaron como voluntarios en apoyo al rescate de sus compañeros, Gerardo Nájera les hizo llegar únicamente 1,200 pesos.
Señaló que Nájera era quien tenía frecuente presencia en las cuevas y mayor contacto con los mineros, pues se encarga de ordenar los trabajos, arma los equipos y a veces les lleva cervezas al término del turno, mientras a Eduardo Morales solo lo veían esporádicamente y siempre lejano.
Acerca del destino del carbón que extraían, afirmó que “nosotros no nos dábamos cuenta, solo cargábamos los trailers, pero platicando con uno de los choferes que es vecino, me dijo que entregaban la carga directamente en la planta de la Comisión y que era muy engorroso por las revisiones de los guardias, que son muy prepotentes”.
Afirmó que hoy está más consciente de los riesgos que los trabajadores corren en las cuevas, “pero para muchos es lo que hay, tenemos familias y hay que llevar el gasto; todos quisiéramos estar en las minas del GAN o en otras como Santa Bárbara, pero no tienen para tanto”.
En su caso, ya le ofrecieron empleo en otra empresa como operador de maquinaria y aunque el salario es menor, asegura que no está en sus planes regresar a los riesgos de un pozo o una cueva.
Una visita de campo mostró que actualmente cuatro de las seis cuevas de esa zona están inundadas y en las dos restantes pretenden continuar extrayendo carbón para Carkim, que es la única de las tres empresas que tiene contrato adjudicado por la CFE y por tanto la obligación de surtir partidas para completar 20.5 mil toneladas bajo sanción por incumplimiento.
La mayoría de quienes trabajaron en la cueva siniestrada de Micarán y las de Rodensa han exigido su liquidación y rechazan ingresar a las cuevas de Carkim, además de que Morales y Nájera han encontrado resistencia para la contratación de otros mineros, por el alto riesgo que presentan, con condiciones similares a las que originaron la tragedia.
