SALTILLO, COAH.- La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Oyervides Valdés, definió como una grave invasión a la propiedad privada por parte del Gobierno Federal a los ahorros de toda la vida de los trabajadores con la Pensión del Bienestar.
Lo anterior en referencia a la reciente aprobación de una reforma legal que permitiría al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador disponer de las cuentas inactivas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Según Oyervides Valdés, esta medida representa una afrenta a los derechos de los ciudadanos, equiparable a que alguien irrumpiera en el hogar de una persona y se llevara objetos sin su consentimiento. Específicamente, la reforma apunta a las cuentas inactivas de personas mayores de 70 años, cuyos ahorros se consideran propiedad privada y vital para su sustento y el de sus familias.
La diputada del PRI criticó el respaldo mayoritario de Morena a esta reforma, cuestionando la falta de justificación para disponer de estos recursos y destacando la ausencia de transparencia en el manejo de los mismos. Afirmó que, si bien la medida ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, carece de sustento jurídico y espera que en el Senado se corrija esta supuesta arbitrariedad.
En este sentido, Oyervides Valdés hizo hincapié en la necesidad de proteger el ahorro de los trabajadores, subrayando que estos recursos pertenecen legítimamente a sus propietarios y que cualquier intento de disposición por parte del gobierno constituye una violación de sus derechos.
Por último, la Diputada Local lamentó la falta de claridad sobre el destino de estos fondos y la discrepancia entre los costos anunciados de los proyectos gubernamentales y su posterior triplicación, evidenciando, según ella, una falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en el manejo de los recursos públicos.
El debate sobre esta polémica reforma promete continuar en el ámbito legislativo, mientras tanto, Oyervides Valdés y otros críticos mantendrán su postura en defensa de lo que consideran un derecho fundamental: la propiedad privada y el respeto a los ahorros de los ciudadanos.
