SALTILLO, COAH. - El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, reconoció el desempeño de las y los Agentes del MP y del personal administrativo que conforman la plantilla de la dependencia, e indicó que en los últimos seis años trabajaron con lealtad, responsabilidad, profesionalismo y con pleno respeto a los Derechos Humanos, para formar la ruta de la seguridad y la justicia que arroja excelentes indicadores para Coahuila.
El funcionario afirmó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública (ENVIPE), ubica a Coahuila en el tercer lugar nacional con mejor percepción sobre seguridad pública.
En el Ranking Nacional que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, Coahuila, ocupa el segundo lugar con menor número de homicidios dolosos; es cuarto lugar con menor número de robos de vehículos; y también cuarto sitio con menor número de secuestros.
Por otra parte, de acuerdo al World Justice Project, (organización independiente, internacional, sin fines de lucro y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo), destaca a Coahuila como el segundo lugar nacional en justicia penal, y en el tercero en Orden y Justicia.
Igualmente, el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., (IMCO), señala que Coahuila es el tercer lugar nacional en Índice de Competitividad Estatal, y segundo en el Subíndice de Derecho.
En tanto, la organización México Evalúa, ubica a Coahuila en materia de Justicia Penal, Hallazgos 2022 en el segundo lugar nacional en Capacidad Institucional.
Por su parte, Juan Alberto Magaña Ovando, dijo que la procuración de justicia es una labor fundamental para la construcción del estado constitucional en donde se destaca la importancia que representa para la democracia el desarrollo de la ciencia penal para el logro de la paz y la seguridad.
Además, indicó que la transición procesal-penal que se vive en México marca una nueva ruta para la operatividad jurídica en materia de derechos humanos y agregó que la reforma penal de 2008 y la reforma de derechos humanos de 2011, obligan a replantear la forma en que se debe afrontar los retos del nuevo derecho procesal-penal mexicano.
“No es fácil “porque implica romper paradigmas que están anquilosados en el estudio y en el análisis de expedientes, no de hechos ni de pruebas; es decir, estábamos acostumbrados al entendimiento estricto desde una oficina, sin entender el realismo jurídico; sin entender nuestra realidad social, hoy, las cosas han cambiado”, refirió.
