SALTILLO, COAH.- La tensión en el ámbito judicial alcanzó un nuevo nivel en Coahuila este miércoles, luego de que Jueces y Magistrados federales iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido en el Poder Judicial Federal en Saltillo.
Este movimiento, que se presenta como una respuesta directa a las reformas impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, ha sacudido el funcionamiento de los tribunales y puesto en el centro del debate la independencia judicial en México.
El paro, que comenzó en la capital del estado, es una manifestación del profundo descontento que reina entre los miembros de la judicatura, quienes consideran que las reformas propuestas ponen en riesgo la imparcialidad y autonomía del sistema judicial.
Los Jueces y Magistrados afirman que las modificaciones estructurales y procedimentales que se pretenden implementar no solo comprometen la independencia del Poder Judicial, sino que también podrían deteriorar la calidad de la justicia que se brinda en el país.
Las reformas, promovidas por la administración de López Obrador, incluyen cambios significativos en la selección y evaluación de jueces y magistrados, así como una reestructuración de los tribunales federales.
Según los críticos, estas modificaciones podrían otorgar mayor control al poder ejecutivo y legislativo sobre el sistema judicial, minando así su capacidad para operar de manera justa y equitativa.
El movimiento ha encontrado eco en varios sectores de la sociedad. Abogados, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han mostrado su apoyo a los jueces y magistrados en paro, expresando su preocupación por las posibles repercusiones negativas que la reforma judicial podría tener sobre la separación de poderes y la integridad del sistema judicial en México.
Estos grupos sostienen que los cambios propuestos no solo representan una amenaza para la justicia, sino que también podrían debilitar la confianza pública en las instituciones.
Mientras tanto, el gobierno federal y los legisladores de Morena han defendido la reforma, argumentando que es un paso necesario para modernizar el Poder Judicial y hacerlo más eficiente y accesible. Según sus defensores, las modificaciones están diseñadas para mejorar la transparencia y el funcionamiento del sistema judicial, acercándolo más a las necesidades de los ciudadanos.
