México.- El expresidente Enrique Peña Nieto y Odebrecht han librado ser acusador por el supuesto financiamiento en 2012 de la empresa a la campaña del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Y es que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE) determinó, de manera formal, que no hay delito qué perseguir porque ¡los ilícitos han prescrito!
Así lo da a conocer
Reforma, al subrayar que por los hechos del 2012, la Fiscalía indagaba a Emilio Lozoya, entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña.
También se le seguía la pista a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, quie fue titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del tricolor.
Prescripción de la acción penal
De acuerdo con lo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega Tlapa:
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia el 16 de agosto de 2017 abriendo así el caso Odebrecht.
La indagatoria comenzó cuando comenzaron a emerger testimonios de ex directivos de la firma brasileña que afirmaban haber sobornado a Lozoya.
Supuestos pagos ilícitos
Abel Barajas señala en su nota que en el documento que firma el fiscal González Ramírez, se revela que esos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.
Al parecer se fue la primera parte a la campaña de Peña Nieto y el resto presuntamente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.
Un Tribunal ordenó a finales de mayo a la FEDE resolver la carpeta de investigación que se abrió por delitos electorales.
Prescripción
Reforma señala que en cuanto a la prescripción, el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht presuntamente hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore que estaría vinculada con Lozoya.
Al cumplir ese mandato, el 3 de junio, FEDE dijo que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas, por lo que no puede haber castigo.