El gobierno chino ha negado categóricamente las acusaciones de que obligue a empresas como TikTok a entregar información de usuarios al Estado, luego de que la Unión Europea impusiera una multa de 530 millones de euros a la plataforma por deficiencias en la protección de datos de usuarios europeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que el país "nunca ha exigido ni exigirá a empresas o individuos que recopilen o almacenen datos por medios ilegales", y exhortó a la UE e Irlanda a proporcionar un entorno empresarial justo y no discriminatorio para las empresas de todos los países.
La sanción fue impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), que actúa en representación de la UE debido a la ubicación de la sede europea de TikTok. La multa se basó en la transferencia de datos de usuarios europeos hacia China y en la falta de garantías por parte de TikTok sobre la seguridad y adecuación del tratamiento de datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.
TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, anunció que apelará la resolución. La empresa argumenta que ha implementado medidas para fortalecer la seguridad, incluyendo centros de datos regionales y monitorización independiente.
Las sospechas sobre un posible acceso del gobierno chino a la información de usuarios han generado preocupación global. Varios países, incluyendo Pakistán, Nepal y el territorio francés de Nueva Caledonia, han bloqueado temporalmente la aplicación en distintas ocasiones, argumentando riesgos de acceso indebido a datos y de difusión de desinformación.
En Estados Unidos, el Congreso aprobó en 2024 una legislación que exige a ByteDance ceder el control de TikTok a inversores estadounidenses para evitar su prohibición en el país. En 2025, dicha ley fue ratificada, aumentando la presión sobre la empresa matriz china. El presidente Donald Trump ha pospuesto dos veces la fecha límite para concretar la venta de TikTok, una plataforma que cuenta con 170 millones de usuarios en territorio estadounidense. El plazo actual expira el próximo 19 de junio.
Este caso resalta las crecientes tensiones entre la protección de datos, la soberanía digital y las relaciones internacionales en la era de las plataformas globales.
