La asociación LGTBI de Angola, Íris, celebra hoy la despenalización de la homosexualidad aprobada en el nuevo Código Penal del país, aunque reconocen que "aún queda mucho por hacer".
Íris es el único colectivo LGTBI legalizado en Angola, que aunque fue constituido en el 2016, fue reconocido legalmente por el Gobierno hasta en junio pasado.
Todavía tenemos mucho por hacer, pero es importante que celebremos cada logro, y esta es sólo una de los muchos que están por venir", dijo Irís Angola en un pronunciamiento en su página de Facebook.
El Parlamento de Angola aprobó este miércoles un nuevo Código Penal, el primero desde su independencia, que no contempla ninguna condena a las relaciones entre personas del mismo sexo y despenaliza el aborto bajo varias causales.
El antiguo Código Penal, en vigor desde 1886 y no reformado en ningún momento tras la independencia de Angola de Portugal, en 1975, contemplaba "internamientos en una casa de trabajo o en una colonia agrícola" de 6 meses a 3 años para quienes practicasen "actos contra natura", una fórmula muy utilizada en varias legislaciones africanas para criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
No vamos a renunciar hasta que todos los LGTBQI+estén incluidos en la sociedad angoleña", dijo este organismo".
La despenalización de la homosexualidad es una de las novedades que incluye el Código Penal adoptado este miércoles por el Parlamento de Angola, tras diez años de debates.
El debate sobre el aborto fue uno de los más polémicos y el que provocó el Código Penal no fuera aprobado en la anterior legislatura, que finalizó en 2017, por falta de apoyo de la mayor fuerza de oposición, la Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).
Finalmente, el nuevo marco legal penalizará de 2 a 8 años de cárcel cuando el aborto se practique fuera de los supuestos contemplados contempladas: peligro de la vida o salud de la madre o del feto, y por violación.
En algunas versiones anteriores del proyecto de ley, se llegó a contemplar el aborto libre hasta las diez semanas.
Además de estas medidas, también se aumenta la pena máxima de cárcel de 24 a 35 años e introduce una limitación de las transacciones de dinero -para evitar la fuga de grandes cantidades monetarias fuera del sistema financiero- a unos 8.500 euros para ciudadanos y 14.000 euros para las empresas.
